En medio de la controversia generada por un contrato destinado a evaluar la reputación del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la Junta Directiva de la empresa estatal emitió un comunicado este 29 de mayo, en el que anunció la apertura de investigaciones internas y la adopción de medidas legales en el marco de sus responsabilidades estatutarias.
El pronunciamiento se produce tras las revelaciones sobre un contrato suscrito con la firma legal Covington & Burling LLP, especializada en legislación estadounidense, incluidas normativas como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y las disposiciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La Junta aclaró que fue ella, y no el Presidente de la compañía, quien solicitó inicialmente el acompañamiento legal, como parte de un sistema de control interno implementado desde 2008, cuando Ecopetrol ingresó a la Bolsa de Nueva York. El contrato, según el comunicado, tenía como fin el análisis de políticas y procesos relacionados con autoridades extranjeras.
Uno de los elementos centrales del caso es la modificación contractual, conocida como otrosí, que habría ampliado el alcance y el valor del acuerdo inicial con Covington & Burling. Según la Junta Directiva, ni ella ni el Comité de Auditoría fueron consultados sobre esta adición. La empresa aseguró que, como consecuencia, desde febrero de 2025 se ordenó la suspensión de todas las actividades relacionadas.
Además de la suspensión, la Junta solicitó una auditoría e investigación interna, cuyas conclusiones podrían dar lugar a acciones legales y administrativas. El comunicado indica que estas decisiones se tomaron «en el marco del respeto a la Ley y al debido proceso», y que la compañía colaborará con los entes de control y autoridades competentes que ya han iniciado procedimientos sobre el tema.
La situación se produce en un contexto de creciente escrutinio público, luego de que medios nacionales revelaran que el contrato en cuestión habría sido utilizado para estudiar el impacto reputacional de las investigaciones y señalamientos que enfrenta Roa, relacionados con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Frente a estas publicaciones, la Junta sostuvo que “la empresa ha sido rigurosa y oportuna en la publicación de toda la información relevante de interés del mercado y de la opinión pública”. Añadió que los planes de producción y crecimiento de la compañía no se verán alterados por los hechos recientes.
En su declaración, el órgano directivo reiteró que las acciones legales emprendidas buscan preservar la integridad institucional y proteger la imagen y reputación de Ecopetrol tanto a nivel nacional como internacional. También se refirió a la vigencia de sus principios de buen gobierno corporativo y a la defensa del patrimonio público como elementos centrales en el manejo de esta coyuntura.
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