El juez penal del circuito 05 de Bogotá rechazó el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien había aceptado cargos por concierto para delinquir y peculado por apropiación, en el marco del escándalo por la compra irregular de 40 carrotanques destinados a La Guajira.
El acuerdo contemplaba una reducción de la pena a cambio de colaboración efectiva y la devolución de dinero en efectivo por parte de López, como reparación parcial del daño causado al erario. Sin embargo, el juez consideró que los términos pactados eran desproporcionados, calificando la pena como “irrisoria” frente a la gravedad de los hechos.
Con esta decisión, el proceso queda temporalmente suspendido, en una situación de incertidumbre jurídica para uno de los testigos más relevantes en el mayor caso de corrupción del actual gobierno. Pese al respaldo de las víctimas del proceso y de la Procuraduría, la Fiscalía decidió no apelar el fallo, lo que generó críticas al dejar sin respaldo procesal a su principal colaborador.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, había reconocido públicamente que el testimonio de López fue clave para iniciar al menos 154 actos de investigación. Su colaboración ha permitido abrir procesos penales contra un expresidente del Senado, un expresidente de la Cámara de Representantes y varios congresistas y exfuncionarios del Ejecutivo nacional.
El abogado de López, José Moreno, anunció la apelación del fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá. Según explicó, su defendido ha entregado abundante material probatorio, incluyendo documentos, informes técnicos, chats, declaraciones juradas y elementos de georreferenciación que corroboran los hechos denunciados. Estas pruebas han sido presentadas tanto ante la Fiscalía como ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
El futuro procesal del caso ahora queda en manos del Tribunal, que deberá decidir si ratifica o revoca la decisión del juez de primera instancia. Mientras tanto, el avance de investigaciones que dependen del testimonio de López podría verse afectado, poniendo en pausa una pieza clave en la lucha contra la corrupción institucional.
