La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó la apertura de una investigación contra el juez 74 de garantías de Bogotá, luego de la decisión de dejar en libertad a nueve presuntos integrantes de una organización dedicada al hurto de relojes de alta gama en varias ciudades del país.
La determinación judicial ha generado debate en distintos sectores, mientras la Fiscalía apeló el fallo argumentando la peligrosidad de los acusados.
Uno de los liberados ya tenía antecedentes por hurto y era señalado de haber participado en al menos cuatro robos recientes. De acuerdo con la investigación, la banda, identificada como ‘Los Relojeros’, operaba en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla.
Su modus operandi consistía en seleccionar a las víctimas en lugares estratégicos, seguirlas discretamente y, en zonas con poca seguridad, intimidarlas con armas de fuego para despojarlas de sus pertenencias.
Según el informe de las autoridades, los miembros de la organización cumplían distintos roles dentro de la estructura delictiva, incluyendo marcadores, conductores, perpetradores de los hurtos y receptadores de los objetos robados. La Policía y la Fiscalía atribuyen al grupo al menos 16 hurtos con un valor aproximado de $1.500 millones.
Durante la investigación, se logró la captura de 15 presuntos integrantes de la organización, gracias a videos de seguridad que registraron la ejecución de los robos. De ellos, tres permanecen con medida de aseguramiento en centro carcelario, uno tiene detención domiciliaria y otro fue recapturado tras su liberación, mientras que los demás fueron dejados en libertad por decisión del juez.
La Fiscalía había solicitado que los capturados fueran enviados a prisión preventiva, argumentando que representaban un riesgo para la sociedad. Sin embargo, el juez consideró que no existían pruebas suficientes para justificar la medida de aseguramiento, señalando que no se habían atribuido correctamente los roles de cada uno dentro de la estructura criminal.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respaldó la apelación presentada por la Fiscalía y expresó su preocupación por la decisión judicial. En declaraciones públicas, destacó la importancia de garantizar que quienes denuncian delitos violentos tengan respaldo de las autoridades y advirtió sobre el impacto que puede generar la liberación de los acusados en las víctimas.
Ante la polémica, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció que evaluará si la actuación del juez se ajustó a criterios legales o si existió alguna falta en la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
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