Un juzgado de control de garantías ordenó la libertad de tres personas vinculadas a la investigación por presuntas irregularidades en un contrato para el mantenimiento de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, mientras continúa el trámite judicial en su contra.
La decisión fue adoptada en una audiencia reservada por la juez 131 Penal Municipal con función de control de garantías, quien consideró que no se acreditaron los presupuestos necesarios para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
La determinación cobija a Hugo Alejandro Mora Tamayo, exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa; Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de la misma cartera; y al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, integrante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército.
Según el despacho, pese a los señalamientos formulados por la Fiscalía, no se evidenciaron antecedentes ni factores que permitieran concluir que los procesados representen un riesgo para la investigación o para la sociedad.
El proceso se relaciona con un contrato cercano a los 32 millones de dólares, presuntamente direccionado de manera irregular entre septiembre y octubre de 2024, para el mantenimiento de la flota de helicópteros de origen ruso. Durante la audiencia, la Fiscalía, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, expuso los supuestos roles que habrían desempeñado los investigados en el desarrollo del trámite contractual.
En el caso del coronel Rincón Ricaurte, el ente acusador indicó que, en su calidad de gerente del proyecto, habría concedido prórrogas irregulares para la presentación de cotizaciones y participado en la etapa precontractual, además de certificar sin sustento técnico que la empresa Vertol Systems Company cumplía con los requisitos de experiencia e idoneidad, a pesar de que el comité evaluador había descartado a ese oferente.
La Fiscalía también señaló una presunta intervención en la modificación de los estudios financieros y en la aprobación de condiciones que habrían impedido verificar la capacidad económica del contratista.
Sobre Diego Alejandro Manrique Cabezas, la investigación sostiene que habría intervenido en la elaboración y evaluación del estudio económico previo, así como en la modificación de los requisitos financieros. Estas actuaciones, según la Fiscalía, permitieron avanzar con una propuesta sin contar con indicadores exigidos por la normativa, como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional.
En cuanto a Hugo Alejandro Mora Tamayo, el ente investigador afirmó que, pese a conocer las presuntas irregularidades y el incumplimiento de requisitos legales, habría suscrito el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de ese año.
Posteriormente, habría autorizado cambios en la modalidad de pago, incluyendo un anticipo del 50% del valor total, equivalente a más de 16 millones de dólares, consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.
Tras la decisión judicial, la defensa del coronel Rincón señaló que continuará ejerciendo los recursos legales disponibles dentro del proceso. La investigación penal seguirá su curso en las etapas posteriores, mientras los implicados afrontan el proceso en libertad.
