La juez tercera Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá modificó su decisión sobre Sandra Ortiz, quien había sido inicialmente enviada a prisión preventiva por su presunta participación en un caso de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En lugar de la cárcel, la juez decidió que Ortiz será trasladada a una guarnición militar, con el fin de garantizar su seguridad, debido a las amenazas que se han presentado en su contra. La medida surge tras un recurso de reposición interpuesto por el abogado Oswaldo Medina, defensor de Ortiz, quien solicitó la reconsideración de la decisión de prisión preventiva.
A pesar de este cambio, la juez confirmó que Ortiz continuará privada de la libertad mientras se resuelve su situación legal, y quedó a disposición de la Policía hasta que se le asigne una guarnición militar.
Los cargos que enfrenta Ortiz incluyen lavado de activos y tráfico de influencias, como parte del entramado de corrupción en el que está involucrada. La Fiscalía presentó elementos materiales probatorios que permitieron una inferencia razonable sobre su autoría y participación en los delitos.
Ortiz, quien salió esposada del Complejo Judicial de Paloquemao, sigue sigue siendo objeto de seguimiento judicial y continúa en el ojo de la opinión pública.