El senador y presidente del Senado, Lidio García, se pronunció sobre la reciente confirmación judicial que avaló la legalidad de la votación que negó el concepto favorable a la convocatoria de una consulta popular de orden nacional solicitada por el Ejecutivo.
García destacó que la decisión del Senado se ajustó plenamente a la Constitución y a la ley, y llamó a no desvirtuar los procedimientos legislativos con fines políticos momentáneos. “Me complace que la justicia, con su serenidad característica, haya evidenciado una vez más que el Senado actuó de forma plenamente legal y ajustada a la Constitución”, expuso en su red social X.
Luego añadió que no era sano ni constructivo desvirtuar los procedimientos legislativos solo para sostener un discurso político momentáneo, “eso erosiona la institucionalidad que todos estamos obligados a proteger y defender”, aseveró.
El legislador insistió en que la discusión pública debe basarse en hechos y respeto institucional. “La justicia habló con claridad: fue cumplimiento democrático, no irregularidad. Sigamos construyendo sobre hechos, respeto y verdad institucional, no sobre descalificaciones ni ruido pasajero. Esa es la vía que robustece la democracia colombiana”, concluyó.
Cabe recordar que hace unas horas, el Consejo de Estado confirmó el hundimiento de la consulta popular impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, ratificando la decisión del Senado de la República de mayo de 2025.
La Corporación negó las demandas que buscaban anular la votación en la que se rechazó la convocatoria ciudadana, tras concluir que no se presentaron irregularidades en la sesión plenaria.
En aquella jornada, el Senado emitió un concepto desfavorable con 49 votos en contra y 47 a favor, lo que impidió que la iniciativa avanzara hacia las urnas. El alto tribunal determinó que el proceso legislativo cumplió con la Constitución y la ley, rechazando señalamientos sobre el conteo de votos, el quórum y un supuesto cambio en el voto del senador Edgar Díaz.
El fallo también aclaró que la solicitud de concepto previo sobre la consulta no constituía una proposición formal y que la diferencia entre senadores presentes y votos emitidos se explicó por retiros voluntarios durante la sesión. Con esto, se mantuvo la validez del acto que hundió la propuesta, la cual buscaba que los ciudadanos se pronunciaran sobre aspectos de las reformas laboral y de salud.
Previo a esta decisión, la Corte Constitucional ya se había declarado inhibida para emitir un fallo de fondo sobre el decreto del Gobierno, al considerar que había perdido vigencia tras su derogación en 2025.
