El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, expresó su preocupación por un borrador de decreto elaborado por Colombia Compra Eficiente relacionado con los criterios de la contratación pública. El pronunciamiento fue hecho a través de un mensaje en el que el dirigente gremial cuestiona los efectos que, a su juicio, tendría la iniciativa sobre el mercado, el empleo y la libre competencia.
Caicedo señaló que el sector de la infraestructura ha mantenido prácticas incluyentes en la vinculación de talento humano. Según indicó, las empresas del sector han incorporado personas de distintas regiones del país, población vulnerable, minorías y personas en condición de discapacidad, no como resultado de una imposición normativa, sino como parte de su gestión empresarial. En ese contexto, afirmó: “El gremio de la infraestructura ha sido, en los hechos, incluyente. Las empresas del sector abren sus puertas al talento de todas las regiones, a población vulnerable, a minorías y a personas en condición de discapacidad. No solo por decreto, sino por convicción y mérito”.
El presidente del gremio manifestó que el contenido del borrador de decreto va en una dirección distinta a la que, según él, debería seguir la política pública en esta materia. Sobre el documento, sostuvo que “sorprende, entonces, un borrador de decreto redactado por Colombia Compra Eficiente (…) que, bajo un argumento aparentemente loable, apunta en sentido contrario: distorsiona el mercado, abre la puerta a la corrupción, presiona el empleo y termina en lo más grave: la mercantilización de personas en condición de discapacidad”.
De acuerdo con Caicedo, la propuesta plantea otorgar mayor puntaje en los procesos de contratación pública a empresas y emprendimientos de personas en situación de discapacidad, sin que se prioricen criterios como la experiencia, los conocimientos técnicos o la calidad. En sus palabras, “el texto propone otorgar mayor puntaje en la contratación pública a las empresas y emprendimientos de personas en situación de discapacidad. No se evalúan la experiencia, los conocimientos técnicos, ni la calidad: se allana el camino –al amparo de una medida– para concentrar la contratación en manos de los muy pocos que pueden cumplir los requisitos”.
El dirigente gremial también relacionó esta discusión con el debate por el aumento del salario mínimo y advirtió sobre los efectos combinados de estas decisiones. Según indicó, el resultado de estas políticas es conocido y genera mayores costos, menor contratación y despidos. “Las malas políticas no se corrigen entre sí, se acumulan”, afirmó.
Caicedo agregó que las observaciones no provienen únicamente del sector de la infraestructura. Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio publicó un documento con observaciones orientadas a evitar que el decreto afecte la libre competencia. Al respecto, concluyó: “La inclusión real no se impone por atajo ni por puntaje, se construye con reglas sensatas y empleo sostenible”.
