El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón ha reiterado su postura crítica frente a la forma en que se ha implementado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al considerar que su aplicación ha generado percepciones de impunidad y no ha contribuido de manera efectiva al fortalecimiento de la seguridad y la justicia en el país. Sus pronunciamientos se enmarcan en una visión más amplia sobre el equilibrio que, a su juicio, debe existir entre paz, legalidad y Estado de derecho.
Pinzón ha señalado públicamente que la JEP, tal como funciona actualmente, ha dejado la sensación de que líderes guerrilleros responsables de crímenes graves no han recibido sanciones proporcionales. En ese contexto, ha cuestionado el enfoque de algunas políticas asociadas al proceso de paz, afirmando que la promesa de “paz total” no puede traducirse en un escenario de impunidad. Para el exfuncionario, la justicia transicional debe diferenciar con claridad los delitos políticos de los delitos comunes y no convertirse en un mecanismo que diluya responsabilidades penales.
Seguridad, justicia y Fuerza Pública
Uno de los ejes centrales de la crítica de Pinzón es el trato jurídico a los miembros de la Fuerza Pública. Ha insistido en que no es aceptable equiparar legalmente a militares y policías con organizaciones armadas ilegales, especialmente cuando actuaron en el marco de la legítima defensa o el cumplimiento del deber. Según ha recordado, durante su paso por el Ministerio de Defensa sostuvo que la situación jurídica de los militares no debía negociarse con grupos armados y que el Estado tenía la obligación de ofrecer marcos claros que reconocieran su labor legítima.
Pinzón ha advertido que la percepción de impunidad puede convertirse en un incentivo para el fortalecimiento de grupos armados y criminales. Desde su perspectiva, cuando la justicia no es vista como efectiva y legítima, se debilita la autoridad del Estado y se pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
Reformar sin desmontar el sistema
Aunque ha sido enfático en sus cuestionamientos, Pinzón también ha aclarado que no propone eliminar la JEP de manera abrupta. Ha señalado que hacerlo sin una transición clara podría dejar procesos inconclusos, afectar a militares y policías que hoy están sometidos a esa jurisdicción y generar mayor inseguridad jurídica para el país.
Su planteamiento apunta a introducir correcciones y reformas que permitan subsanar fallas, garantizar verdad y reparación a las víctimas, pero también ofrecer reglas claras y trato justo a quienes actuaron en el marco del conflicto armado. A su juicio, desmontar el sistema sin una alternativa sólida podría incluso abrir la puerta a instancias judiciales internacionales.
Para Pinzón, el camino responsable pasa por corregir lo que no ha funcionado, fortalecer el Estado de derecho y asegurar que la justicia no premie crímenes graves ni debilite a las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos.
