El exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, cuestionó con firmeza la reforma laboral aprobada por el Senado y alertó sobre sus implicaciones para el empleo formal, la productividad y las micro y pequeñas empresas. A través de un pronunciamiento público, Restrepo calificó la iniciativa como perjudicial para diversos sectores de la economía.
“La reforma laboral que aprobó el Senado es mala. Mala para generar empleo formal, mala para reducir la informalidad, mala para elevar la productividad y pobre para dignificar a la gran mayoría de la fuerza de trabajo que es informal o desempleada”, afirmó. Además, advirtió que la reforma resulta especialmente lesiva para las microempresas y los tenderos.
A pesar de sus críticas, reconoció que la aprobación demuestra que el gobierno sí ha tenido capacidad para gobernar. “No es cierto que no le dejan implementar medidas. Confirma que no se necesita la consulta popular. Para qué una consulta que vale casi 1 billón de pesos, en escasez fiscal, para consultar algo que ya fue decidido”, agregó.
Restrepo también hizo reparos puntuales al articulado aprobado, especialmente al considerar que la reforma es “retardataria en el modelo de contrato de aprendizaje”. Señaló que “creer que al laborizar el contrato salen favorecidos los aprendices es falso. Tristemente habrá menos incentivo para vincular a esos aprendices y será mejor monetizar la cuota. Una empresa racional tiene todo el incentivo a monetizar la cuota de aprendices. Triste por la juventud. Ellos salen perdiendo”.
Otra de sus preocupaciones es que la reforma “no reconoce negocios de carácter nocturno por su naturaleza y no diferencia el impacto en la micro y pequeña empresa vs la gran empresa, ni en recargos, ni en dominicales y festivos”.
También cuestionó el enfoque rígido del contrato indefinido como figura central: “Es una reforma que, al privilegiar el contrato indefinido, no entiende el nuevo mercado laboral que es flexible y distinto, y que allí reside la productividad de muchas empresas. Los sectores no son iguales, y aquí los vuelve uniformes. Error de falta de modernidad legislativa, y así queremos entrar en la cuarta revolución industrial”.
Si bien reconoció algunos avances como los relacionados con fuero sindical, recargo nocturno, tercerización, licencias de paternidad y jornadas 4×3, fue contundente en su conclusión: “Estamos de nuevo en una reforma que es pura necrofilia política. Ese gusto por las ideas atrasadas, retrasadas y fracasadas del pasado. Me temo que saldrán perdiendo los trabajadores y aprendices. Triste por los trabajadores más vulnerables, los informales y los desempleados”.
Advirtió, además, que la conciliación del texto no será fácil: “Amanecerá y veremos, porque los tiempos son muy apretados. El 20 de junio es casi ya. Y si no se concilia, se hunde”.
Reforma pensional también en la mira
En su pronunciamiento, el exministro se refirió también a la reciente decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, señalando que, si bien se permitió corregir un error de trámite en la plenaria de la Cámara, la iniciativa aún enfrenta obstáculos importantes.
“La reforma queda aún en entredicho porque le falta esa sesión de Cámara, la conciliación con Senado y, más difícil aún, el trámite de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Falta es mucho, y me temo que vendrán momentos duros para esa reforma”, expresó.
Enumeró varios puntos críticos que, en su criterio, deberían ser revisados:
- La insostenibilidad fiscal, estimada en 54 billones de pesos anuales que “no existen”.
- El impacto negativo para los jóvenes: “Tristemente pagará la juventud”.
- La necesidad de ajustar el rango entre los pilares del régimen de prima media y el ahorro individual.
- La falta de libertad del ciudadano para decidir dónde ahorrar su pensión: “Hoy casi que obliga a la mayoría a darle su ahorro al Estado. Es como entregar su dinero a un derrochador”.
- El régimen semi contributivo, que —según dijo— no contribuye a la formalización laboral.
“Es una reforma pensional que prioriza objetivos sociales válidos, pero sacrifica sostenibilidad fiscal, ahorro nacional y eficiencia del sistema. Es una apuesta política de alto riesgo económico. Y los jóvenes serán los grandes perjudicados”, concluyó.
