La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la imputación de nuevos responsables dentro de la investigación por los asesinatos y desapariciones forzadas cometidos entre 2002 y 2006 en los municipios de Dabeiba e Ituango, en el departamento de Antioquia. Según determinó el Tribunal, durante ese periodo 47 personas fueron ejecutadas y posteriormente ocultadas en cementerios municipales, hechos que hoy hacen parte de uno de los macrocasos más sensibles examinados por la justicia transicional.
La decisión de la JEP avala el conjunto de investigaciones adelantadas respecto a las acciones cometidas contra la población civil en esta zona del país, donde se documentaron ejecuciones ilegales y desapariciones sistemáticas. Con base en los elementos recopilados, el Tribunal reiteró que estos crímenes constituyeron graves vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario y afectaron de manera profunda a comunidades enteras que, durante años, desconocieron el paradero de sus familiares.
Dentro de esta resolución, la JEP decidió imputar el crimen de guerra de tortura a dos comparecientes: Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Fidel Iván Ochoa Blanco. De acuerdo con la magistratura, ambos sometieron a varias de sus víctimas a sufrimientos físicos y psicológicos antes de ser asesinadas, lo que constituye una de las violaciones más severas contempladas en el derecho penal internacional. La decisión detalla que estas acciones no solo agravaron el daño causado a las víctimas directas, sino que también generaron temor y silenciamiento en las comunidades afectadas.
El Tribunal también señaló que a Ochoa Blanco se le atribuye responsabilidad por omisión en un caso de violencia sexual perpetrado contra una niña de 13 años. Según indicó la JEP, el compareciente no actuó para impedir el abuso cometido por un paramilitar, pese a tener la posibilidad de hacerlo. La menor fue posteriormente asesinada y presentada como baja en combate, un patrón que ha sido documentado en múltiples investigaciones relacionadas con esta región. Por estos hechos, la Jurisdicción compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que continúe con las indagaciones pertinentes en el ámbito penal ordinario.
Además, la JEP confirmó que el soldado (r) Levis de Jesús Contreras Salgado será llamado a una audiencia con el fin de precisar su grado de participación en los asesinatos y desapariciones registrados en Dabeiba e Ituango durante los cinco años que cubre la investigación. La diligencia permitirá al Tribunal establecer si existen responsabilidades adicionales y cuál fue su nivel de intervención en los hechos analizados.
La Jurisdicción destacó que estas decisiones hacen parte del esfuerzo por reconstruir la verdad sobre lo ocurrido en estas dos zonas de Antioquia, donde múltiples familias continúan en búsqueda de justicia y reparación. Asimismo, reiteró que las imputaciones buscan garantizar que los responsables reconozcan su participación y contribuyan al esclarecimiento de los crímenes, principales objetivos del modelo de justicia transicional implementado en Colombia.
