La Jurisdicción Especial para la Paz condenó a 20 años de prisión al coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez por su responsabilidad en 72 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2003, cuando se desempeñó como comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, con sede en Valledupar.
La decisión fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP y constituye la primera condena proferida en un juicio adversarial contra un alto oficial del Ejército dentro del sistema de justicia transicional.
El fallo estableció la responsabilidad del oficial retirado en los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura, en hechos que la jurisdicción calificó como ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como falsos positivos.
Durante el proceso, Mejía Gutiérrez negó de manera reiterada su participación y no aceptó los cargos formulados en su contra, razón por la cual no accedió a los beneficios restaurativos previstos por la JEP para quienes reconocen verdad plena y responsabilidad.
La jurisdicción explicó que, al no existir reconocimiento ni aporte efectivo a la verdad, el caso fue tramitado mediante un juicio adversarial, lo que habilitó la imposición de la sanción ordinaria más alta contemplada por la JEP, fijada en 20 años de prisión.
Esta pena corresponde al máximo previsto dentro del marco sancionatorio de la jurisdicción especial cuando se acredita la comisión de crímenes graves y representativos sin colaboración del compareciente.
La sentencia aún no se encuentra en firme. La defensa del coronel en retiro podrá interponer recurso de apelación, por lo que la decisión deberá ser revisada en segunda instancia antes de adquirir carácter definitivo. Hasta tanto no se resuelva ese trámite, la condena no tendrá efectos ejecutoriados.
El caso de Publio Hernán Mejía se diferencia de otros procesos relacionados con el mismo batallón. En actuaciones paralelas, al menos 12 exintegrantes del Batallón La Popa reconocieron su participación en un número mayor de hechos, que suman por lo menos 135 ejecuciones extrajudiciales.
En esos expedientes, los comparecientes aceptaron responsabilidad y aportaron verdad ante la JEP, lo que derivó en la imposición de sanciones propias, centradas en medidas restaurativas y restricciones efectivas de la libertad, conforme a las reglas del sistema transicional.
La decisión contra el coronel en retiro se enmarca en los esfuerzos de la JEP por esclarecer patrones de violencia relacionados con ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el conflicto armado, particularmente en unidades militares que operaron en distintas regiones del país a comienzos de la década de 2000.
