jueves, febrero 25, 2021
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Jefes guerrilleros desmovilizados aceptaron responsabilidad en la JEP

Un grupo de excomandantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC aceptó el jueves su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, en toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad en medio del conflicto interno armado de Colombia que recientemente les imputó la Justicia Especial para la Paz.

Por primera vez desde que se firmó el acuerdo de paz, en noviembre de 2016, el tribunal atribuyó en enero responsabilidades criminales a antiguos líderes de la desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que dejaron las armas y se reintegraron a la sociedad.

«Reconocemos que en ese proceso se presentaron hechos y conductas sancionables a la luz del Derecho Internacional Humanitario. Hechos y conductas que han venido siendo reconocidas de manera individual y colectiva ante la JEP, la sociedad en general y en actividades con las víctimas», dijo un comunicado firmado por seis de los excomandantes rebeldes.

Al aceptar las imputaciones, los antiguos líderes de las FARC pueden recibir entre cinco y ocho años de restricción de la libertad, que puede incluir trabajos de reparación como el desminado y la sustitución de cultivos ilícitos.

En caso de rechazarlas, se exponen a ser condenados hasta a 20 años de cárcel, según los términos del acuerdo de paz firmado para acabar con un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.

Entre los firmantes del comunicado en el que reconocen su responsabilidad figuran Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda.

El Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, ha reiterado que las sanciones por graves delitos, como el secuestro, deben ser proporcionales y efectivas.

La JEP aseguró que los motivos de la extinta guerrilla para los secuestros fueron obtener recursos económicos y financiar su guerra contra el Estado, mientras que la retención de militares y funcionarios del Gobierno buscaba presionar la liberación de guerrilleros encarcelados.

La JEP, que abrió siete grandes casos contra las FARC, documentó 21.396 víctimas de secuestro del otrora grupo rebelde que desmovilizó más de 13.000 personas, quienes como parte de su proceso de reintegración conformaron un partido político y tienen 10 escaños en el Congreso.

Vía: Reuters

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