El Tribunal Administrativo de Santander emitió el pasado 12 de diciembre un fallo de primera instancia en el que declaró nula la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga.
La decisión está relacionada con un proceso por presunta doble militancia que se adelanta en contra del mandatario.
La demanda fue interpuesta por el senador Fabián Díaz junto con Juan Nicolás Gómez Herrera, Édgar Solier Millares Escamilla y Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, quienes argumentaron la supuesta doble militancia como fundamento del recurso legal.
Sin enbargo, en un acto público realizado frente al Palacio de Justicia, Jaime Andrés Beltrán Martínez, alcalde de Bucaramanga, presentó su rendición de cuentas, un evento que se tornó político tras declaraciones polémicas y críticas a sectores de izquierda y al presidente Gustavo Petro.
Esto ocurre apenas dos días después de que el Tribunal Administrativo de Santander anulara su elección por doble militancia.
“Nunca había visto a la clase politiquera y a la izquierda juntas para tumbar a un Gobierno. Yo tengo algo claro y es que a mí me pusieron aquí más de 90.000 personas, a mí no me eligió el presidente Petro, ni la izquierda, ni los politiqueros, a mí me eligió el pueblo y el pueblo es el que me va a mantener aquí”, manifestó Beltrán.
Además, aseguró que su permanencia en el cargo responde a una voluntad divina. “También me puso Dios, quien es el que pone y quita reyes; por lo tanto, vamos a estar aquí hasta que Dios lo determine”, afirmó.
El alcalde cerró su pronunciamiento con una declaración en la que sugirió su proyección política a futuro. En su discurso, Beltrán insinuó una posible participación futura en la política nacional.
“Y si querían tumbar un alcalde les nace un presidente de la República para los próximos años y me tendrán que aguantar ahora hablando y luchando por Colombia”, afirmó.
El fallo del Tribunal Administrativo de Santander es de primera instancia, por lo que aún podría ser apelado ante instancias superiores. Entretanto, las autoridades y actores políticos locales esperan los desarrollos legales y administrativos del caso.
