En una audiencia realizada el pasado lunes 3 de febrero, el senador Iván Name Vásquez, expresidente del Congreso entre 2023 y 2024, respondió a los señalamientos en su contra por su presunta participación en actos de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Name, del Partido Alianza Verde, fue vinculado al caso a partir de testimonios del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y del exsubdirector Sneyder Pinilla. En el proceso ante el Consejo de Estado se estudia su posible pérdida de investidura, tras ser acusado de haber recibido $3.000 millones a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno en el Congreso.
Durante su intervención, Name rechazó cualquier relación con los hechos que se le imputan y aseguró que no existen pruebas en su contra. Sin embargo, las investigaciones han revelado detalles sobre la supuesta entrega del dinero, que habría sido trasladado desde el Hotel Tequendama Suites hasta su residencia en el norte de Bogotá.
Cabe recordar que las denuncias contra el Congresista surgieron en el marco de presuntas irregularidades en un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a suministrar agua potable en La Guajira. Luis Eduardo López, conocido como «El Pastuso», habría establecido sobrecostos por $14.163 millones, de los cuales parte del dinero se habría destinado a sobornos.
Según las declaraciones de exfuncionarios, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, habría instruido la entrega de $3.000 millones en efectivo a Name.
Se menciona que la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, fue la encargada de trasladar el dinero al Senador y a otros destinatarios, incluyendo al expresidente de la Cámara, Andrés Calle Aguas, quien habría recibido $1.000 millones.
Ante estos hechos, el abogado Juan Carlos Calderón España, en calidad de veedor ciudadano, presentó la solicitud de pérdida de investidura contra Name, señalando que «presuntamente, el senador Iván Name ejerció influencia sobre la servidora pública Sandra Liliana Ortiz Nova, de modo que, por su conducto, recibiere de Sneyder Pinilla y Olmedo López la suma de $3.000.000.000».
Durante la diligencia judicial, el Senador reiteró su inocencia y argumentó que la exconsejera Ortiz no lo ha vinculado a ningún tipo de entrega ilegal de dinero. «Por eso no encuentran una prueba contra mí porque no la hay. Y las declaraciones de la exfuncionaria pública Sandra Ortiz evidencian con claridad que ella no señala que haya hecho para mí ningún tipo de tráfico de dineros o entrega de recursos públicos a alguien», afirmó.
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