El Gobierno de Israel anunció la suspensión de los permisos de operación de más de una treintena de organizaciones humanitarias que trabajan en la Franja de Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam, Acción contra el Hambre y Cáritas.
Se informó que la medida entrará en vigor el 1 de enero, y se produce tras la implementación de nuevas normas de registro y evaluación que, según las autoridades israelíes, no fueron cumplidas por las ONG afectadas.
El veto fue comunicado por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, que sostuvo que alrededor del 15 % de las organizaciones que operan en Gaza no entregaron información “completa y verificable” sobre su personal, sus fuentes de financiamiento y sus estructuras operativas.
En el caso de MSF, Israel alegó que algunos empleados tendrían vínculos con grupos militantes palestinos como Hamás y la Yihad Islámica, acusaciones que la organización humanitaria ha rechazado en ocasiones anteriores.
La medida generó una ola inmediata de críticas donde se incluyeron críticas de organismos de Naciones Unidas, gobiernos europeos y organizaciones de derechos humanos que advirtieron que la retirada de estas licencias tendrá consecuencias graves para la población civil de Gaza, que depende en gran medida de la asistencia humanitaria en medio de una crisis prolongada.
Incluso, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la decisión de “escandalosa” y denunció que forma parte de una serie de restricciones ilegales al acceso humanitario.
Mientras que por parte de la Unión Europea, la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, afirmó que la normativa israelí no puede aplicarse en su forma actual y reclamó el levantamiento inmediato de todas las barreras al acceso de la ayuda.
Diez países, entre ellos Francia, Reino Unido, Japón, Canadá y Suecia, expresaron su “grave preocupación” por el deterioro de la situación humanitaria en Gaza y pidieron a Israel permitir que las ONG internacionales y las agencias de la ONU continúen su labor.
Ante las críticas, las autoridades israelíes respondieron que la suspensión de licencias no afectará de manera significativa el flujo de ayuda humanitaria, al tratarse según su versión, de una fracción menor de la actividad total. También indicaron que el registro de ONG permanece abierto y que las organizaciones aún pueden regularizar su situación si cumplen con los requisitos de transparencia exigidos.
La decisión de Israel se tomó cuando hay de forma simultánea un endurecimiento del marco legal contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).
El Parlamento israelí aprobó hace poco una enmienda que despoja a la agencia de su inmunidad, autoriza la expropiación de sus instalaciones en Jerusalén Este y ordena el corte de suministros básicos como electricidad, agua y servicios de telecomunicaciones. La UNRWA, que asiste a 5,9 millones de refugiados palestinos, calificó la medida de ilegal y sin precedentes a nivel mundial.
El Gobierno palestino denunció que estas acciones buscan eliminar testigos de posibles violaciones del derecho internacional y privar a la población de servicios humanitarios esenciales. Hamás, por su parte, acusó a Israel de politizar la ayuda humanitaria y utilizarla como una herramienta de presión contra la población civil.
Y, finalmente, organizaciones como Médicos Sin Fronteras advirtieron que una eventual retirada forzada tendría efectos devastadores en Gaza, donde la entidad gestiona una parte significativa de las camas hospitalarias y participa en una proporción considerable de los partos.
