El Gobierno de Israel aprobó este 16 de febrero la reanudación del registro de tierras en Cisjordania, un proceso que no se realizaba desde 1967, cuando comenzó la ocupación del territorio tras la Guerra de los Seis Días.
Entre otras cosas, la medida permite declarar amplias zonas como “propiedad del Estado”, lo que, según autoridades palestinas y expertos internacionales, constituye una anexión de facto de parte del territorio palestino.
La iniciativa fue impulsada por los ministros israelíes de Finanzas, Justicia y Defensa, y se presentó como un mecanismo para supuestamente regularizar explotaciones agrícolas y clarificar el estatus de terrenos no registrados.
La medida afectará principalmente la denominada Área C de Cisjordania, bajo control administrativo y de seguridad israelí, donde viven entre 185.000 y 300.000 palestinos y más de 325.000 colonos israelíes.
El registro de tierras, que determina formalmente la titularidad ante el Estado, había sido paralizado por más de cinco décadas, ya que como potencia ocupante Israel no podía ejercer soberanía sobre el territorio según el derecho internacional.
Por lo cual, con la reanudación del proceso, Israel creó una Administración de Registro de Títulos de Propiedad dependiente del Ministerio de Justicia, sustituyendo la supervisión de la Administración Civil militar, que previamente gestionaba los terrenos.
La Autoridad Palestina y diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron que la medida limita el derecho a la propiedad de los palestinos y podría derivar en desalojos forzosos, pérdidas de tierras y restricciones a la movilidad de la población local.
Expertos en derecho internacional humanitario señalaron que la ocupación debe ser temporal y que el territorio debe administrarse en beneficio de la población civil, sin que el ocupante se apropie de los recursos o tierras para favorecer a su propia ciudadanía.
Incluso, el Secretario General de la ONU, António Guterres, pidió a Israel “revocar inmediatamente” las nuevas medidas sobre la propiedad de tierras en Cisjordania, y calificó las decisiones como “ilegales y desestabilizadoras”. Según Guterres, estas acciones erosionan la perspectiva de una solución de dos Estados y vulneran las obligaciones de Israel como potencia ocupante, tal como ha recordado la Corte Internacional de Justicia.
Dadas las intensiones expansionistas de Israel, la reacción internacional fue amplia, empezando por Jordania desde donde se calificó la medida como “ilegal” y se advirtió que socava los esfuerzos de paz y podría exacerbar el conflicto.
Por su parte, Egipto denunció la escalada como un intento de consolidar el control israelí, Catar la consideró un paso para privar al pueblo palestino de sus derechos; y la Unión Europea pidió su reversión, calificando la reforma como una nueva escalada para ampliar el control sobre Cisjordania.
