El debate sobre la venta de energía eléctrica de Colombia a Venezuela llegó esta semana a la junta directiva de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y a la atención de la Embajada de Estados Unidos en el país.
Ambas instancias evalúan las implicaciones de las recientes gestiones empresariales vinculadas al proyecto binacional, en medio de advertencias por eventuales sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac).
La controversia se originó tras revelarse que Luis Ferney Moreno, miembro de la junta de ISA y representante de Ecopetrol, asesoró jurídicamente al empresario español Antonio Blasco en la creación de las compañías Activa Process Management y HT Industries. Estas dos firmas, constituidas en noviembre de 2024, lideran las negociaciones para restablecer la interconexión eléctrica entre los dos países.
Moreno, quien también integra los comités de Auditoría y de Talento Organizacional de ISA, explicó a BluRadio que su asesoría se limitó a conceptos legales y acompañamiento inicial para el registro de las empresas, sin intervenir en decisiones operativas ni gestiones ante entidades estatales. Afirmó que “una cosa es una opinión legal y otra muy distinta la representación dentro de ISA”, descartando conflicto de interés.
Sin embargo, documentos que se dieron a conocer a través de Cambio, Moreno Servicios Legales, habría participado activamente en la estructuración jurídica de las compañías de Blasco, las cuales adelantan contactos con Intercolombia (filial de ISA) y con Cens (filial de EPM) para operar la línea de transmisión binacional San Mateo–Corozo.
La Embajada de Estados Unidos en Bogotá también monitorea de cerca el desarrollo del proyecto, dado que cualquier transacción con el régimen venezolano requiere autorización previa de la Ofac. La inclusión reciente del presidente Gustavo Petro y miembros de su entorno en la llamada Lista Clinton ha elevado el nivel de escrutinio sobre los negocios con el vecino país.
El proyecto busca reactivar una infraestructura eléctrica inactiva desde hace años y forma parte de la política de cooperación energética impulsada por el Gobierno desde 2022. En enero de 2025, el entonces ministro de Minas, Andrés Camacho, expidió una resolución que flexibilizó los requisitos técnicos para rehabilitar redes internacionales, lo que permitió que las nuevas compañías avanzaran en sus trámites.
Activa Process Management y HT Industries, pese a su reciente constitución y capital limitado, obtuvieron aprobación para operar como agentes del mercado mayorista y presentaron propuestas ante el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme). Los permisos fueron otorgados en plazos inferiores a los habituales, según Cambio.
En la próxima sesión de la junta directiva de ISA se espera discutir si las asesorías de Moreno podrían considerarse incompatibles con su rol corporativo. Mientras tanto, las filiales involucradas analizan la posibilidad de vender su participación en la bahía y la línea de conexión con Venezuela, como medida preventiva ante posibles consecuencias legales o sanciones internacionales.
El caso continúa bajo observación de autoridades financieras y diplomáticas, dado el alcance regional del negocio y los riesgos regulatorios asociados a las operaciones transfronterizas con el país vecino.
