Una nueva controversia judicial se abrió en España tras la presentación de una querella ante la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La acción legal fue interpuesta por la asociación Hazte Oír, que lo señala de una presunta “colaboración con la estructura criminal de Nicolás Maduro”, en el contexto de la reciente captura del exmandatario venezolano por autoridades de Estados Unidos.
Según el escrito conocido, la acusación plantea que Zapatero habría intervenido en hechos que podrían encajar en varios delitos contemplados en el Código Penal español, entre ellos tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La asociación solicitante sostiene que, de existir indicios de una red criminal internacional ligada al narcotráfico, España estaría obligada a investigar posibles responsabilidades de ciudadanos españoles que hayan facilitado su operativa.
El origen de la denuncia está vinculado a las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y altos miembros de su gobierno, a quienes se atribuye el liderazgo del denominado “Cártel de los Soles”. Según autoridades estadounidenses, esta organización habría gestionado el tráfico de grandes volúmenes de cocaína hacia Estados Unidos, África Occidental y Europa, utilizando rutas con impacto directo en territorio español. De acuerdo con documentos oficiales y resoluciones del Parlamento Europeo, esta red criminal estaría asociada a actividades de narcotráfico y lavado de activos a gran escala.
La querella centra parte de sus señalamientos en la relación que Zapatero mantuvo durante años con el régimen venezolano. El texto afirma que sus encuentros con Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, su rol como mediador político y su participación como observador electoral en procesos cuestionados internacionalmente, habrían ido más allá de una gestión diplomática convencional. No obstante, el propio escrito reconoce que se trata, en gran medida, de indicios y no de hechos judicialmente probados.
En el plano económico, la acusación hace referencia a informaciones periodísticas que apuntan a un aumento significativo del patrimonio familiar del expresidente desde su salida del Gobierno en 2011. La querella cita reportes de medios como Vozpópuli, que señalan una evolución patrimonial que superaría los 3,7 millones de euros en bienes inmobiliarios, en contraste con la declaración patrimonial inicial tras dejar el cargo. La asociación sostiene que este crecimiento coincide temporalmente con una mayor cercanía política y mediática con el régimen venezolano.
Asimismo, el escrito menciona declaraciones recogidas en medios dentro del llamado “caso Koldo”, en las que figuras como José Luis Ábalos o Koldo García habrían aludido a supuestos beneficios económicos derivados de la relación con Venezuela. Con base en estos elementos, Hazte Oír solicita que se abra una investigación judicial para esclarecer si existe relación entre la actuación política de Zapatero y un eventual enriquecimiento ilícito.
