En Colombia, la protección oficial dejó de ser un derecho vinculado al riesgo para convertirse en un privilegio atado a la cercanía con el poder. La investigación de IFMNOTICIAS lo revela con claridad: hay vidas que valen más que otras para el Estado.
El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay no solo evidenció la fragilidad de su esquema de seguridad, también abrió una herida institucional: la protección oficial en Colombia no es igual para todos. Si bien el país ha normalizado la asignación de escoltas y carros blindados, lo que esta investigación devela es aún más preocupante: la vida de los funcionarios públicos parece depender de su cercanía con el Gobierno Nacional.
Uribe Turbay, senador, precandidato presidencial y férreo opositor al Gobierno Petro, solicitó 20 veces el fortalecimiento de su esquema de seguridad, todas negadas bajo el argumento de que “el esquema era suficiente” o con excusas que estaban fuera de la realidad, según conoció IFMNOTICIAS. Algunas de ellas, similares a las que recibió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuando se le retiró parte de su esquema hace algunos meses. Ambos críticos del Presidente. Ambos desprotegidos.
Con base en lo anterior, IFMNOTICIAS continúa con una investigación profunda, detallada y sostenida que confirma un patrón alarmante: la Unidad Nacional de Protección (UNP), en lugar de operar bajo criterios técnicos, ha sido aparentemente instrumentalizada para beneficiar con esquemas de seguridad amplios a quienes son afines al Gobierno del presidente Gustavo Petro, mientras que quienes lo cuestionan —opositores, críticos, periodistas, concejales— enfrentan una desprotección aparentemente sistemática y peligrosa. Los hallazgos reconfirman lo denunciado por el Centro Democrático y algunos miembros del mismo, como el concejal, Daniel Briceño.
Número de escoltas de la oposición vs el esquema de quienes son «del llavero» del Gobierno
IFMNOTICIAS ha accedido a un listado detallado del número de escoltas asignados por la UNP a congresistas, concejales y líderes políticos. Por motivos de seguridad y respeto a la integridad de las fuentes, este listado no será publicado. Sin embargo, se puede afirmar con certeza que los congresistas de oposición —principalmente del Centro Democrático y otros partidos— cuentan con apenas entre 1 y 3 escoltas de la UNP, en muchos casos con disponibilidad limitada, diferente o nula dependiendo de la ciudad. Mientras tanto, congresistas oficialistas y activistas afines al Gobierno disponen del doble o más; carros oficiales y personal de apoyo adicional.
20 alertas ignoradas: ¿el Estado desoyó a Miguel Uribe?
Miguel Uribe, senador más votado del país y actual precandidato presidencial, pidió en al menos 23 ocasiones el fortalecimiento de su esquema de seguridad. Todas fueron negadas por la UNP, tal y como lo denunció el pasado 9 de junio IFMNOTICIAS. Si bien Uribe Turbay cuenta con 3 escoltas de la UNP y 4 de Policía, el día del atentado solo uno de sus tres escoltas estaba presente. Los demás estaban ausentes bajo una figura no oficial ni legal: el “auto relevo”, una práctica que deja al protegido sin respaldo real.
Más de 48 horas después del atentado, el Gobierno y los entes de control han ofrecido detalles ambiguos o nulos sobre los avances de la investigación. El director de la UNP, Augusto Rodríguez, admitió que el esquema de Uribe era insuficiente, pero esa confesión tardía no evita el cuestionamiento de fondo: ¿fue la UNP negligente hasta el punto de permitir el atentado? Las pruebas apuntan a que sí. Sin embargo, aunque suene increíble, Rodríguez aseguró que Uribe Turbay había hecho su evento político un sábado en horas de la tarde, lo que podría haber aumentado el riesgo del atentado. Una clara evasión de responsabilidad.
Una protección selectiva: cifras, nombres y omisiones graves
IFMNOTICIAS también ha documentado con fuentes internas de la UNP que figuras cercanas al petrismo reciben esquemas de seguridad robustos incluso sin cargos públicos ni amenazas registradas. Es el caso de Mafe Carrascal, con más de 10 personas asignadas entre UNP y Policía; del exalcalde Daniel Quintero, quien conserva su esquema completo pese a estar fuera del cargo e imputado judicialmente; y del senador Iván Cepeda, quien mantiene el esquema de “seguridad extrema”, el mismo que recibió como opositor, pese a su rol actual como aliado del Gobierno. ¿Por qué no se lo han modificado?
Uno de los ejemplos más evidentes de esta desproporción es el del congresista León Fredy Muñoz, quien confirmó a IFMNOTICIAS que cuenta con al menos cinco escoltas de la UNP entre Medellín y Bogotá, y dos vehículos oficiales, es decir, un esquema que incluso duplica el que poseen senadores de oposición, incluidos aquellos que han denunciado amenazas y han solicitado reforzamiento sin éxito. Su caso ilustra con claridad la desigualdad en los criterios de asignación.
Otro de los casos más reveladores fue publicado por IFMNOTICIAS en febrero de 2024: Juan Fernando Petro, hermano del presidente, fue descubierto por este medio cumpliendo una agenda oculta en nombre del Gobierno, acompañado de un esquema de más de 10 hombres de la guardia Presidencial, sin ser funcionario público. La Consejería Presidencial para las Regiones desautorizó que el hermano de Petro viajara con estos escoltas.
IFMNOTICIAS conoció que Miguel Uribe Turbay cuenta con un esquema de seguridad «categoría extraordinaria»; sin embargo, por ser de oposición, el senador más votado de Colombia y precandidato presidencial, debería tener «categoría extrema», el que como hemos mencionado tiene establecido Iván Cepeda del Pacto Histórico, principal opositor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, partido al que pertenece Miguel Urbe Turbay.
Esta investigación también revela que concejales de Bogotá y Medellín, como el presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, entre otros de partidos de oposición no tienen esquema alguno, ni siquiera tras recibir amenazas. La presidenta de la Asamblea de Antioquia, Verónica Arango, también del Centro Democrático, fue despojada de su esquema. IFMNOTICIAS habló con decenas de congresistas, concejales y diputados de diferentes partidos: la mayoría de oposición afirmó sentirse “vulnerable, en riesgo y abandonado” por la UNP. Los afines al Gobierno, por el contrario, solicitan más protección e incluso acusan a la oposición de “politizar” el atentado de Miguel Uribe.
El pasado 9 de junio, IFMNOTICIAS publicó una investigación titulada: “La UNP: la entidad bajo el mando de exmilitantes del M-19 que concentra el poder de la seguridad en Colombia y desata serias dudas por su politización”. En esa nota se evidenció que la UNP, bajo el Gobierno de Gustavo Petro, ha estado dirigida por Augusto Rodríguez, excompañero de Petro en el grupo guerrillero M-19. Su cercanía con el Presidente no solo quedó reflejada en su nombramiento, sino también en sus decisiones al frente de la entidad.
Bajo su gestión, han sido condecorados y nombrados exmilitantes del M-19, hoy empleados activos de la UNP. Esto ha generado una preocupación profunda por la pérdida de neutralidad y la captura política de una institución que, por naturaleza, debería ser técnica, imparcial y enfocada en salvar vidas, no en lealtades.
IFMNOTICIAS también conoció cifras claves sobre la composición interna de la UNP: actualmente hay aproximadamente 14.000 escoltas, de los cuales unos 1.100 son excombatientes de las FARC, ingresados a la institución tras el «proceso de Paz», lo que ha generado temor y desconfianza en la entidad, pues quienes hoy protegen a personalidades, fueron quienes antes los perseguían; además, hay cerca de 300 ex DAS, asignados principalmente a la protección de expresidentes y figuras institucionales de alto rango.
La Mesa Técnica: el poder oculto que decide quién vive protegido
Por otro lado, IFMNOTICIAS habló con la presidencia del sindicato de la UNP, y en dicha conversación descubrió la existencia de una extraña “Mesa Técnica” en la UNP que no está reglamentada en la ley. Esta instancia, dirigida por Augusto Rodríguez, interrumpe y modifica los estudios de riesgo enviados por analistas de la OPS. En esta mesa —compuesta por funcionarios cercanos al petrismo — se deciden, discrecionalmente, los esquemas que se aprueban y los que se bloquean. Rodríguez le ha dicho a varios medios de comunicación que esta “Mesa” corresponde a la Policía, pero no es cierto, y desde el sindicato de la misma UNP se lo confirmaron a IFMNOTICIAS.
Según informó el sindicato de la UNP a IFMNOTICIAS, el proceso también pasa por el CERREM, conformado mayoritariamente por personas cercanas al círculo del director de la UNP. Finalmente, aunque un estudio de riesgo sea favorable, el director puede demorar semanas o meses en firmar la resolución. Esta dilación ha costado vidas. En un caso documentado por este medio, una mujer de la población LGBTIQ+ fue asesinada, y su resolución de protección llegó después de su muerte.
Lo anterior podría relacionarse con lo que ocurre hoy en día con Miguel Uribe, quien mientras se debate entre la vida y la muerte, ahora sí desde el Gobierno se pide fortalecer los esquemas de seguridad.
¿Cuántos más atentados tienen que ocurrir para que desde la UNP y el Gobierno abran los ojos?
IFMNOTICIAS reveló el pasado 9 de junio un sinnúmero de solicitudes que realizó Miguel Uribe a la UNP, tal y como se evidencia en las líneas anteriores de esta investigación. Algunas de ellas solicitaban viáticos para sus escoltas cuando viajaba a otras ciudades (como lo establece la ley), acompañamiento a otras regiones fuera de Bogotá, carros de protección para desplazamientos, etc. Todo fue negado. De hecho, el senador Uribe Turbay viajó sin escoltas a Cartagena en días pasados, a la convención de ASOBANCARIA. Por esta razón, la familia ha dado instrucción al abogado de Uribe Turbay para que proceda con las acciones judiciales correspondientes.
“El Narcochofer” sí tiene prioridad
En contraste, Manuel Antonio Castañeda, alias “el Narcochofer”, recibió respuesta inmediata de la UNP a sus solicitudes y fue protegido de forma casi inmediata, cosa que no ocurrió con la misma celeridad con Uribe Turbay. Una muestra clara de cómo opera la entidad bajo criterios políticos o de cercanía personal.
Así se evidencia a continuación en estos documentos proporcionados por el sindicato de la UNP a IFMNOTICIAS:
El testimonio clave: Yesid Barragán, presidente del sindicato de la UNP
IFMNOTICIAS habló con Yesid Barragán, presidente del sindicato de la UNP, quien confirmó que quienes denuncian irregularidades dentro de la entidad son perseguidos, acosados o removidos. Él, como funcionario de carrera, ha resistido esos intentos, pero denuncia públicamente un “modus operandi” que favorece a los aliados del Gobierno y pone en peligro a la oposición.
Barragán, quien habló en exclusiva con IFMNOTICIAS, denunció que hay personal sin idoneidad, que la contratación no cumple perfiles, que se omiten estudios de personas con amenazas reales y que se protege a activistas por razones políticas. Confirmó, además, que la Mesa Técnica y el manejo del CERREM responden a intereses del director, y no a la protección real de vidas.
Barragán fue enfático en reafirmar que lo que ha venido descubriendo IFMNOTICIAS es absolutamente cierto: “Sin duda, hay preferencia por los que aplauden al Gobierno, y los opositores quedan con su vida desprotegida. En esta entidad, tristemente, pesan más los aplausos que la vida misma”. Esta declaración confirma lo que múltiples fuentes han señalado: la seguridad se ha convertido en un botín político, y el riesgo para quienes no comulgan con el poder es real, urgente y sistemático.
El mensaje es claro: la seguridad en Colombia no se asigna por riesgo, sino por cercanía al poder. El atentado al senador Miguel Uribe no es solo un atentado contra un hombre. Es un atentado contra la democracia.
Vale la pena recordar que el pasado 9 de junio IFMNOTICIAS publicó la primera parte de esta investigación, donde no solo quedó claro que Uribe Turbay solicitó en 20 ocasiones el refuerzo de su esquema de seguridad, todas rechazadas bajo el argumento de que «el esquema era suficiente». El día del atentado, solo contaba con un escolta activo de los tres asignados.
La respuesta institucional ha sido confusa y evasiva. El director de la UNP, Augusto Rodríguez, no atendió llamados de IFMNOTICIAS, y desde la entidad se reportaron “problemas con las líneas”. El encargado de prensa, Carlos García, en funciones temporales, pidió que las preguntas fueran enviadas por WhatsApp y se limitó a responder que el director “está haciendo la trazabilidad” y “no puede especular”; lo que significa que no tenían la información clara al momento de ser cuestionados por IFMNOTICIAS.
Además, la UNP se amparó en normas de reserva para evitar pronunciamientos públicos, mientras el país sigue sin respuestas claras más de 48 horas después del atentado. La Fiscalía y la Procuraduría ya llamaron a rendir cuentas al director Rodríguez, aumentando la presión sobre una entidad que ha sido señalada por otras posibles negligencias, como la reducción del esquema del alcalde de Medellín.
Vea la parte I de la investigación: https://ifmnoticias.com/investigacion-parte-i-atentado-al-senador-miguel-uribe-revela-presuntas-negligencias-en-la-unp-el-director-esta-haciendo-la-trazabilidad-no-puede-especular/
Todo parece indicar que, la seguridad en Colombia se volvió política. Mientras el Gobierno pregona “el todo por el todo”, desde la UNP se consolida un patrón: más escoltas para quienes aplauden, menos para quienes critican.
Lo que IFMNOTICIAS ha revelado no es solo un conjunto de casos aislados. Es un patrón, un sistema, una estructura que premia la lealtad y castiga la disidencia con la herramienta más peligrosa de todas: la indiferencia frente a la amenaza.
