La filtración de nuevos documentos judiciales a través de la plataforma PetroLeaks ha reavivado la polémica en torno al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, al revelar detalles desconocidos sobre las denuncias por violencia sexual agravada que, pese a la existencia de indicios y material probatorio, fueron archivadas en tiempo récord por la Fiscalía. Estas revelaciones confirman las investigaciones publicadas originalmente por IFMNOTICIAS, medio que desde 2020 viene documentando las inconsistencias y posibles irregularidades procesales que rodearon los casos.
Los hallazgos, sustentados en correos institucionales, protocolos de archivo y órdenes internas de la Fiscalía 53 de Medellín, plantean un escenario preocupante: procesos cerrados sin agotar las pruebas, ausencia de inspecciones judiciales, testigos sin entrevistar y vacíos probatorios, especialmente en el caso radicado bajo el número SPOA 050016000207202150589, abierto el 19 de octubre de 2021 y archivado apenas un mes después, el 25 de noviembre del mismo año.
Una denuncia desestimada en tiempo récord
La investigación de PetroLeaks confirma que el expediente abierto en la Fiscalía 53 de CAIVAS Medellín, a cargo del fiscal Floriberto Tuberquia, se refería a una denuncia por acceso carnal violento agravado contra Daniel Quintero por hechos presuntamente ocurridos en octubre de 2019, días antes de su elección como alcalde. La víctima, una joven de 19 años, habría sido agredida en la sede de campaña del entonces candidato, ubicada en la Avenida Colombia con Carrera 80.
Pese a que el caso fue tipificado como agravado, debido a la posición jerárquica de poder del presunto agresor, el expediente fue archivado bajo el argumento de “inexistencia del hecho”, ignorando pruebas documentadas y testimonios. Según los reportes filtrados, la Fiscalía había solicitado copias de cámaras de seguridad instaladas por la empresa Dogman de Colombia Ltda., encargada de la vigilancia del inmueble, pero estas nunca fueron entregadas ni analizadas.
La ausencia de esos registros visuales se convirtió en un vacío clave de la investigación. PetroLeaks entrevistó a un exfuncionario judicial que confirmó que, aunque Dogman tenía cámaras activas en el lugar, “aparentemente no grababan”, un hecho que nunca fue verificado judicialmente. IFMNOTICIAS había advertido desde 2022 sobre estas irregularidades, señalando que los videos pudieron ser eliminados o no recuperados intencionalmente.
El protocolo de archivo masivo y la decisión política de cerrar casos
En mayo de 2022, la Fiscalía 53 de Medellín emitió una directriz interna que ordenaba no ampliar los términos de investigación en procesos por delitos sexuales, y proceder al archivo inmediato de aquellos con más de 400 días de trámite. En un chat institucional , el fiscal Tuberquia escribió: “Lo procedente es el archivo”, citando la supuesta imposición de una “nueva ley” que limitaba el tiempo de las investigaciones.
Esa política, según los documentos de PetroLeaks, derivó en el cierre exprés de varios casos, incluido el de Quintero Calle, sin agotar los procedimientos básicos de la investigación criminal. Los funcionarios encargados no practicaron nuevas entrevistas ni solicitaron revisión judicial para obtener pruebas técnicas, como los registros de video.
El resultado fue un archivo definitivo por “inexistencia del hecho” en un proceso en el que, paradójicamente, existían órdenes de trabajo abiertas y solicitudes de prueba pendientes. IFMNOTICIAS ya había advertido que esta decisión “no solo afectó la búsqueda de la verdad, sino que protegió a un funcionario de alto perfil con influencia política sobre los órganos de control”.
Las denunciantes y el miedo al silencio
El caso de 2019 no fue el primero. Desde 2016 y 2018 se conocieron otras denuncias por presuntos abusos sexuales cometidos por Quintero durante su paso por el Ministerio TIC, cuando ocupaba el cargo de viceministro. En 2020, medios nacionales como IFMNOTICIAS, El Espectador, La W Radio y Las 2 Orillas recogieron testimonios de mujeres que señalaban haber sido agredidas, pero los procesos nunca prosperaron judicialmente.
PetroLeaks verificó lo que ya había advertido IFMNOTICIAS, sobre que una de las denunciantes tuvo que abandonar el país tras recibir amenazas, mientras otra declinó rendir declaración formal por hostigamientos. Ninguna de ellas fue protegida ni amparada por mecanismos de enfoque de género. La Fiscalía, en lugar de garantizar seguridad y acompañamiento, archivó los casos por “falta de elementos suficientes”.
Un informe del CTI citado por PetroLeaks confirma que esas denuncias eran viables y susceptibles de investigación. Sin embargo, la sede judicial de Bogotá, que debía asumir la competencia, nunca abrió una investigación formal.
Los contratos con Dogman Ltda. y el aumento del 500% durante la alcaldía de Quintero
Un punto crucial que vincula las denuncias judiciales con posibles intereses administrativos, según lo explica Petroleaks, es el incremento del 503% en los contratos otorgados a la empresa Dogman de Colombia Ltda., responsable de las cámaras de seguridad en la sede de campaña de Quintero.
Según documentos oficiales analizados y confirmados por PetroLeaks, en 2019 Dogman ejecutó contratos por 869 millones de pesos, cifra que se elevó a más de 5.200 millones en 2020, ya durante la alcaldía de Quintero. Esta expansión coincidió temporalmente con la aparición de las denuncias por abuso sexual.
El aumento de la contratación y la falta de entrega de los registros de video de 2019, clave en la investigación archivada, plantean interrogantes sobre posibles conflictos de interés y uso de recursos públicos para favorecer o proteger a contratistas con información sensible.
Testigos y funcionarios bajo la lupa
La Fiscalía había citado a figuras cercanas al exalcalde, entre ellos Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno, y Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Inclusión Social, para determinar si conocían la existencia de las grabaciones o detalles de la denuncia. También se incluyó al entonces jefe de seguridad de la campaña, Jader Vanegas, y a un contratista identificado como “Jhon Weed”, quien fue relacionado a través de herramientas OSINT con negocios de venta de cannabis y que mantenía vínculos con figuras políticas locales, según Petroleaks.
Pese a las citaciones, no existen registros de sus declaraciones. Los testimonios quedaron inconclusos y fueron desplazados del expediente durante el proceso de archivo masivo.
Un panorama judicial incierto y una justicia en entredicho
El historial judicial de Daniel Quintero presenta al menos otros ocho procesos activos o en etapa de indagación por diferentes delitos, entre ellos injuria, calumnia, concusión, abuso de autoridad y agresión sexual agravada. Sin embargo, ninguno ha derivado en imputación formal o acusación. solamente el caso de Aguas Vivas va para juicio.
El patrón identificado por PetroLeaks, muestra una tendencia sistemática al cierre de investigaciones vinculadas con el exalcalde. La inacción judicial, sumada a la influencia política que Quintero mantuvo durante su administración, refuerza la percepción de que las instituciones actuaron con parcialidad.
El silencio que también es complicidad
El seguimiento de PetroLeaks valida la investigación pionera de IFMNOTICIAS, que desde 2020 ha insistido en que el caso Quintero representa un ejemplo alarmante de cómo la justicia colombiana falla ante las víctimas y se doblega ante el poder político.
Las revelaciones demuestran que los archivos exprés, la pérdida de material probatorio, las omisiones en la cadena de custodia y la falta de diligencia en los casos de violencia sexual no son hechos aislados, sino parte de una práctica institucionalizada.
En palabras de uno de los analistas de PetroLeaks: “El silencio institucional es también una forma de encubrimiento. No se trata solo de omisiones, sino de decisiones conscientes para proteger a figuras de alto perfil”.
La pregunta que queda abierta es si el Estado colombiano está dispuesto a revisar los expedientes cerrados, garantizar justicia a las víctimas y depurar las responsabilidades de quienes, desde dentro de la Fiscalía, transformaron los mecanismos de investigación en instrumentos de impunidad.
Lea la investigación completa en Petroleaks https://www.petroleaks.com/investigacion/delito-sexual-agravado-de-daniel-quintero/
