El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, que hoy lo mantiene en estado crítico, no solo ha causado conmoción en el escenario político nacional, sino que ha destapado una serie de cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Documentos, comunicaciones y testimonios obtenidos por IFMNOTICIAS dan cuenta de posibles negligencias institucionales que habrían dejado al congresista expuesto, pese a alertas reiteradas sobre su seguridad.
De acuerdo con información en poder de IFMNOTICIAS, el senador Uribe solicitó en 20 ocasiones una ampliación de su esquema de seguridad. Las peticiones, según fuentes cercanas al congresista, fueron todas rechazadas por la UNP bajo el argumento de que su nivel de riesgo no justificaba el aumento. «El esquema era suficiente», habría sido la respuesta reiterada de la entidad.
El día del atentado, tal y como conoció IFMNOTICIAS, Uribe se desplazaba únicamente con dos escoltas activos de la UNP. Si bien cuenta oficialmente con tres, uno de ellos no lo acompañaba en ese momento. La presencia limitada de personal de seguridad podría haber influido en la incapacidad de prevenir o repeler el ataque.
Silencio institucional y dificultades de acceso a información
En busca de respuestas, IFMNOTICIAS intentó establecer comunicación con la UNP. El director, Augusto Rodríguez, no atendió las llamadas, y desde la entidad reportaron supuestos “problemas con las líneas telefónicas”, una situación que resulta llamativa dado el escándalo desatado hoy en días tras el atentado de Uribe Turbay, el cual podría tener hoy contra las cuerdas a la UNP, pues ya se conoció que su director fue llamado a entrevista con la Fiscalía.
Posteriormente, IFMNOTICIAS logró comunicarse con Carlos García, quien se identificó como el encargado de comunicaciones y prensa de la UNP —cargo que según él, estaría desempeñando de forma «temporal», pues según él, hoy en día hay una supuesta ausencia de un jefe de prensa en propiedad—. García, de manera que también resulta curiosa, solicitó a IFMNOTICIAS que las preguntas que tuviera el medio fueran enviadas vía WhatsApp.
Consultado sobre las razones del rechazo a las solicitudes de refuerzo y fortalecimiento de seguridad del senador Uribe y sobre la aparente diferencia de esquema de seguridad y trato entre congresistas de oposición y aquellos cercanos al Gobierno, García respondió lo siguiente: «El director está haciendo la trazabilidad de la información. No puede especular.”»
Esto implicaría, según el funcionario, que ni siquiera al interior de la entidad tienen claridad sobre el estatus real de los esquemas de protección. En un contexto de crisis, esto podría sugerir falta de preparación o incluso improvisación en el manejo de casos sensibles.
Argumentos de reserva y ausencia de pronunciamiento oficial
Al insistir en las preguntas, desde la UNP se escudaron en el artículo 2.1.2.2, numeral 13 del reglamento interno, que establece la reserva sobre la información de solicitantes y protegidos. “Con gusto, cuando el director se pronuncie, divulgará la información”, concluyó García. Sin embargo, IFMNOTICIAS ya realizó un derecho de petición formal para obtener esta información, y que podrá ser respondido o negado en el término de diez días hábiles.
No obstante, ya han transcurrido más de 48 horas desde el atentado, y la UNP no ha emitido un comunicado oficial. El silencio institucional, sumado a la falta de respuestas claras, abre interrogantes sobre la transparencia y la responsabilidad de la entidad.
Además, fuentes judiciales confirmaron a IFMNOTICIAS que el director Augusto Rodríguez ha sido llamado a entrevista por la Fiscalía, lo que refuerza la gravedad del caso y la urgencia de esclarecer las decisiones tomadas en relación con la protección del senador Uribe.
Esta no es la primera vez que se denuncian presuntas irregularidades en la UNP. IFMNOTICIAS ha documentado anteriormente casos similares, como la reducción del esquema de seguridad del alcalde de Medellín, quien también había reportado amenazas.
Las decisiones de la UNP, especialmente frente a figuras críticas del Gobierno, parecen seguir un patrón que amerita una revisión exhaustiva y una intervención por parte de los entes de control.
¿Negligencia o discriminación política?
El caso del senador Miguel Uribe abre un debate urgente: ¿existe un sesgo en la asignación de esquemas de seguridad en Colombia? ¿Están los opositores al Gobierno Nacional recibiendo una protección inferior por motivos políticos?
La ciudadanía merece respuestas. Y el Congreso, donde Uribe ejerce funciones de representación democrática, tiene la obligación de exigir explicaciones y garantías para que ningún funcionario electo vuelva a quedar desprotegido ante amenazas comprobadas.
En minutos, IFMNOTICIAS publicará la segunda parte de esta investigación, en la que se revelará información clave sobre la crisis de seguridad que enfrenta la oposición política en Colombia, con nuevos testimonios, documentos internos y decisiones que podrían evidenciar un patrón sistemático de desprotección.
