La Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Economía Solidaria anunciaron la intervención de la cooperativa Coosalud por un periodo inicial de dos meses, con el objetivo de investigar presuntas irregularidades financieras y administrativas.
La medida surge tras múltiples denuncias y hallazgos que involucran desviación de recursos públicos, triangulación empresarial y riesgos de lavado de activos.
Según la Superintendencia de Salud, Coosalud EPS enfrenta una deuda acumulada de $433.000 millones. El superintendente Giovanni Rubiano indicó que parte de esta deuda proviene de un débito de $203.000 millones realizado por el banco GNB Sudameris en noviembre, junto con un saldo previo de $229.000 millones que la cooperativa adeuda a la EPS.
Entre los rubros más representativos de estas transacciones, Rubiano destacó la compra de un inmueble por $10.000 millones. Lo particular del caso es que la cooperativa adquirió el inmueble de la EPS y luego se lo arrendó por $1.000 millones mensuales, un esquema cuestionado por su posible impacto financiero en la entidad promotora de salud.
Uso indebido de recursos
El superintendente Rubiano explicó que los recursos desviados podrían haber cubierto tratamientos médicos esenciales, como diálisis para 30.000 pacientes o paquetes de procedimientos hospitalarios y oncológicos para decenas de miles de personas.
Por su parte, María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, reveló que durante una visita de inspección se identificó que la cooperativa Coosalud no tenía operaciones reales y que los funcionarios de la EPS también trabajaban en actividades de la cooperativa.
«Lo reportado en el balance financiero no corresponde con la realidad. La cooperativa parece ser una figura de papel utilizada para justificar movimientos financieros cuestionables», afirmó Navarro.
La investigación también reveló una triangulación entre la cooperativa, Coosalud EPS y Coosalud Inversa, todas manejadas bajo la misma representación legal de Jaime González Montaño. Navarro señaló que existen pruebas de maquillaje en los estados financieros y la posible participación de la cooperativa en actividades de lavado de activos.
Desde 2023, se identificaron cuentas sin identificar por un monto de $3.000 millones e inconsistencias en la implementación de políticas de prevención contra el lavado de activos.
Otro hallazgo relevante muestra que los estados financieros reportados por la cooperativa a la Superintendencia de Economía Solidaria no coinciden con los entregados a la Superintendencia de Salud, especialmente en el número de acciones que posee la cooperativa sobre la EPS. La diferencia asciende hasta el 50% en la participación accionaria, según Navarro.
La intervención ha generado incertidumbre en el sector político, entre los trabajadores de la salud y los pacientes, quienes podrían verse afectados por las irregularidades. La Superintendencia destacó que continúa trabajando para asegurar la transparencia en la gestión de recursos y la prestación de servicios de salud en el país.
