Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia solicitaron de manera conjunta a la Gobernación de Antioquia la suspensión del cobro de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establecida mediante la Ordenanza No. 50 de 2024, aprobada por la Asamblea Departamental. Este gravamen se viene recaudando desde enero de 2025 y está previsto hasta diciembre de 2027.
Los gremios empresariales señalaron que el sector productivo del departamento enfrenta una situación compleja debido a la acumulación de cargas económicas. Indicaron que esta tasa se suma a la alta carga tributaria existente, a las recientes medidas económicas decretadas por el Gobierno nacional y al incremento del salario mínimo, lo que ha impactado de manera directa los presupuestos empresariales.
El presidente de Intergremial Antioquia, Nicolás Posada, manifestó que “los empresarios no aguantan un impuesto más” y aseguró que “la persecución del gobierno nacional a diferentes sectores de la economía, el desmedido aumento del salario mínimo y el incremento de la carga impositiva a las empresas hacen que el día de hoy el sector empresarial se declare en crisis”. En ese sentido, indicó que desde Intergremial Antioquia, que agrupa a 35 gremios, se solicitó “respetuosamente a la Gobernación de Antioquia pausar o dar por finalizado el impuesto a la seguridad”.
Posada agregó que “gran parte de este impuesto lo están pagando los empresarios” e invitó a la Gobernación a instalar mesas de concertación “para garantizar la seguridad que tanto necesitan nuestros antioqueños, pero que no sean los empresarios los que lo estén pagando”.
Por su parte, la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal, señaló que “las empresas de este país no aguantan un impuesto más” y afirmó que la situación económica es compleja. Indicó que el año inició “con un aumento desmedido del salario mínimo que impacta directamente en los costos, especialmente de las MIPIMES del Departamento”.
Bernal explicó que, por esta razón, Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia solicitaron a la Gobernación de Antioquia que se suspenda el cobro de la tasa de seguridad y convivencia del departamento. Asimismo, aseguró que el sector empresarial está dispuesto a dialogar y a buscar alternativas conjuntas. “Estamos abiertos al diálogo y a buscar conjuntamente alternativas diferentes a poner un impuesto más a las empresas que en este momento no la están pasando bien y que están luchando por sobrevivir en el mercado”, afirmó.
Los gremios reiteraron que desde el momento en que se conoció el proyecto de acuerdo de la Tasa de Seguridad manifestaron su oposición, señalando su impacto en la competitividad regional, postura que ha sido expresada en intervenciones públicas, debates ante la Asamblea Departamental y en medios de comunicación.
