La emisión de una orden de captura internacional por parte de la Fiscalía de Guatemala contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador ante la Santa Sede, Iván Velásquez, abrió un nuevo capítulo en el caso Odebrecht, además de plantear dudas sobre la viabilidad jurídica y política de una eventual detención.
Aunque la solicitud incluye alerta roja de Interpol y trámites de extradición, los dos funcionarios colombianos cuentan con inmunidades diplomáticas vigentes y respaldo de organismos internacionales.
El jefe de la FECI, José Rafael Curruchiche, explicó que ambos funcionarios colombianos están señalados en el caso denominado “Acuerdos Fraudulentos” por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. Según el Fiscal, se iniciarán las gestiones para que Interpol emita una circular roja para su captura en cualquier país y se presentarán solicitudes formales de extradición.
De acuerdo con el Ministerio Público guatemalteco, Iván Velásquez habría favorecido a empresarios relacionados con la constructora Odebrecht, causando un perjuicio económico estimado en tres mil millones de quetzales. Curruchiche indicó que la investigación incluye alrededor de 400 elementos probatorios, entre los que figuran correos electrónicos y audios entregados por un “testigo A”.
Entre los señalamientos se incluye la supuesta intervención directa de Camargo y Velásquez en la negociación de beneficios jurídicos para cuatro empresarios de Odebrecht, a cambio de 500.000 quetzales, cuando estos se encontraban en Brasil. El fiscal sostuvo que estas acciones violarían los acuerdos vigentes entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público guatemalteco, así como la normativa interna que regula las colaboraciones eficaces.
El fiscal Curruchiche agregó que la actual fiscal de Colombia habría visitado las oficinas de Odebrecht, ubicadas en el nivel 14, para negociar los términos de los acuerdos, lo cual, según su versión, no hacía parte del mandato que le correspondía dentro de la Comisión. También señaló que Velásquez habría coordinado con exfiscales y abogados los términos de los convenios judiciales.
La resolución judicial que sustenta las órdenes de captura se dio luego de que el juez natural del caso fuera recusado. La Sala Tercera de Apelaciones asumió la competencia, conforme a jurisprudencia vigente en Guatemala. Curruchiche defendió la legalidad del procedimiento y anunció que abrirán una investigación contra el presidente Bernardo Arévalo por considerar que hubo una interferencia con el poder judicial, luego de que este calificara las decisiones como “irresponsables” y sin “sustento legal”.
En enero de 2023, la Fiscalía guatemalteca ya había emitido medidas similares contra Iván Velásquez. En esa ocasión, Naciones Unidas recordó que el personal internacional que integró la CICIG gozaba de inmunidad conforme al acuerdo firmado en 2007 con el Estado guatemalteco. El portavoz Farhan Haq indicó que esa inmunidad permanece, incluso cuando los funcionarios ya no estén en sus cargos.
La CICIG fue creada como un ente independiente para apoyar la investigación de estructuras ilegales dentro del aparato estatal. Durante su funcionamiento, impulsó investigaciones que llevaron a la detención de tres expresidentes de Guatemala: Alfonso Portillo, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina, en casos relacionados con corrupción, lavado de dinero y contrabando aduanero.
La actual fiscal de Colombia, Luz Adriana Camargo, regresaba de un viaje a España al momento de conocerse la orden de captura. Según fuentes del ente acusador colombiano, su pasaporte diplomático le otorga inmunidad en virtud del derecho internacional.
El presidente Arévalo reiteró que el Ministerio Público “actúa fuera del marco legal”, por lo que Curruchiche defendió que el Ministerio Público es un órgano autónomo y anunció medidas judiciales contra el mandatario guatemalteco.
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