Un nuevo informe publicado por Human Rights Watch denunció la profunda crisis del sistema judicial en Libia e hizo un llamado urgente a una reforma estructural para enfrentar la impunidad y garantizar los derechos fundamentales.
El documento, titulado “Injustice By Design: Need for Comprehensive Justice Reform in Libya”, consta de 39 páginas en las que se detalla cómo la legislación obsoleta y represiva, junto con la ausencia de garantías procesales, socavan gravemente el acceso a la justicia en el país.
El informe evidencia que en Libia persisten juicios militares abusivos contra civiles, condiciones inhumanas en los centros de detención y una inseguridad constante para jueces, fiscales y demás personal del sistema judicial. Estas condiciones no solo perpetúan violaciones graves de derechos humanos, sino que también refuerzan un sistema que obstaculiza sistemáticamente la rendición de cuentas.
Hanan Salah, directora asociada para Medio Oriente y África del Norte de Human Rights Watch, afirmó que “al no abordar las necesidades de reforma judicial de larga data, las autoridades libias están dando la espalda a la justicia y dejando que prevalezca la impunidad”. Señaló que los enfrentamientos mortales recientes entre milicias en la capital, Trípoli, y la falta de mecanismos efectivos para abordar estos abusos deberían alertar sobre la necesidad urgente de reformar el sistema judicial.
El país sigue atrapado en una transición política estancada, dividida entre dos centros de poder que compiten por el control del territorio y los recursos. Por un lado, el Gobierno de Unidad Nacional, con sede en Trípoli, controla el oeste del país apoyado por grupos armados y agencias de seguridad. Por otro, las Fuerzas Armadas Árabes Libias y una administración paralela mantienen el dominio sobre el este y el sur. Esta fragmentación institucional ha debilitado profundamente la capacidad del poder judicial para operar de manera unificada y efectiva.
Entre el 12 y el 14 de mayo de 2025, fuertes enfrentamientos en Trípoli provocaron víctimas civiles y una considerable destrucción de viviendas y vehículos. Tras estos hechos, las autoridades reportaron el hallazgo de 53 cuerpos no identificados en una morgue, así como la existencia de tumbas no marcadas que contenían al menos nueve cadáveres más, entre ellos hombres y mujeres.
Human Rights Watch resaltó que el sistema judicial libio está profundamente afectado por la polarización política y la fragmentación institucional. El poder judicial no cuenta con la independencia ni la capacidad para llevar a cabo investigaciones creíbles sobre violaciones graves y crímenes internacionales. A esto se suma el hecho de que el código penal libio permanece desactualizado y no contempla los crímenes internacionales, lo que exige una revisión completa para armonizarlo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El informe también denunció que abogados, acusados y testigos han sido objeto de amenazas, intimidaciones y ataques, sin que las autoridades les proporcionen medidas de protección eficaces.
Para HRW, las autoridades deben derogar las leyes que violan los estándares internacionales, asumir un control efectivo de los centros de detención, liberar a los detenidos de forma arbitraria y garantizar el fin de los juicios militares contra civiles.
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