El senador David Luna presentó un informe contundente titulado “Intervención del Gobierno Petro: Estocada final al sistema de salud”, donde expone los graves problemas derivados de la intervención gubernamental en siete EPS, que hoy cubren a más de 25 millones de colombianos.
El panorama, según Luna, es desolador, pues considera que lejos de solucionar las crisis estructurales del sistema, las acciones del gobierno han incrementado las quejas de los afiliados, empeorado las finanzas de las EPS y generado alertas en clínicas y hospitales por falta de pagos.
De acuerdo con el informe, aproximadamente el 50% de los colombianos están afiliados a EPS intervenidas por el Gobierno, incluyendo regiones como Caquetá, Guainía, Huila y Arauca, donde hasta el 90% de la población depende de estas entidades para acceder a servicios médicos.
Sin embargo, la calidad de la atención no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado en la mayoría de los casos. Desde la intervención, la tasa de quejas aumentó en cinco de las siete EPS afectadas, reflejando la incapacidad de los interventores designados por la Superintendencia Nacional de Salud.
EPS bajo intervención: un saldo desalentador
El informe señala que las EPS intervenidas, como Nueva EPS, Sanitas, Savia Salud, Famisanar, SOS, Emssanar y Asmet Salud, no han mostrado avances significativos en ninguno de los objetivos trazados por la Superintendencia Nacional de Salud.
En cambio, la calidad de la atención, medida por el aumento de quejas, y la sostenibilidad financiera, evidenciada en el crecimiento de sus deudas, reflejando un panorama preocupante.
- Nueva EPS: Con 11,3 millones de afiliados, es la más grande del país. Desde su intervención en abril de 2024, las quejas han aumentado en 2,8 por cada 10.000 afiliados. Además, no se han publicado estados financieros durante el año, lo que imposibilita una evaluación clara de su desempeño, generando dudas sobre la transparencia de la gestión del interventor.
- Sanitas: La segunda EPS con mayor número de afiliados, cerca de 5,8 millones, también refleja un deterioro en sus indicadores. Las quejas han crecido en 2,2 por cada 10.000 afiliados desde la intervención en abril de 2024.
- Savia Salud: Responsable del 25% de la atención en Antioquia, cuenta con 1.6 millones de afiliados. Durante los 16 meses de intervención, las quejas han aumentado en 6,3 por cada 10.000 afiliados, mientras que las deudas permanecen estancadas, evidenciando la incapacidad del interventor para mejorar su situación financiera.
- Famisanar: Con 2,7 millones de afiliados en las regiones Andina, Pacífica y Caribe, presenta un aumento significativo de 7,3 quejas por cada 10.000 usuarios desde su intervención en septiembre de 2023. Además, sus deudas han crecido en 0,2 billones de pesos, comprometiendo aún más su capacidad operativa.
- SOS y Emssanar: Las deudas han crecido, mientras que la siniestralidad ha aumentado desde su intervención en abril de 2024.
Impacto regional: acceso a la salud en riesgo
El informe destaca que regiones como Caquetá, Guainía, Huila y Arauca son las más afectadas, con hasta el 90% de su población afiliada a EPS intervenidas. En estas zonas, el acceso a medicamentos, citas y tratamientos dependen completamente de la gestión gubernamental, la cual, según Luna, ha sido ineficaz.
Luna destacó que ninguna de las EPS intervenidas ha mostrado una reducción en sus deudas, mientras que la siniestralidad, indicador clave de costos frente a ingresos, ha aumentado, erosionando aún más la rentabilidad.
Este deterioro financiero, según el Senador, no solo afecta a las entidades, sino que también repercute en la calidad de los servicios para los afiliados, quienes enfrentan crecientes barreras para acceder a medicamentos, citas y tratamientos esenciales.
Además, 2024 ha sido marcado por escándalos de corrupción en las EPS intervenidas.
«Los recientes indicios de corrupción y la falta de transparencia por parte de los interventores generan una gran preocupación sobre el manejo de los recursos públicos», afirmó Luna.
Luna calificó esta situación como un golpe directo al sistema, resultado de una gestión deficiente y la falta de estrategias efectivas para resolver los problemas estructurales.
Para el Senador, las acciones del gobierno no solo han fracasado en cumplir con los objetivos planteados, sino que han profundizado la crisis del sistema de salud.