En redes sociales está circulando un video en el que se muestra el violento castigo físico contra una niña de la comunidad indígena Gito Dokabu, en el departamento de Risaralda.
El hecho generó indignación en todo el país. Las imágenes, difundidas el pasado jueves 29 de mayo en X muestran un acto de extrema violencia en el que dos hombres azotan a la menor con tallos herbáceos, mientras una mujer la sostiene y cubre parcialmente con una cobija.
Durante la agresión, la niña grita de dolor y pierde el conocimiento por varios segundos debido a la severidad de los golpes. Al finalizar, la mujer la desamarra de una viga de madera y la traslada al interior de la vivienda, mientras un tercer hombre presuntamente el jefe del hogar observa sin intervenir.
Este hecho de violencia generó rechazo no solo en redes sociales sino también entre organizaciones indígenas, que han alzado su voz para exigir acciones inmediatas del Estado colombiano.
La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia y la Comisión de la Mujer de AICO por la Pachamama, se pronunció condenando enérgicamente este hecho. Las organizaciones denunciaron que este tipo de actos constituyen violaciones graves a los derechos fundamentales de las niñas indígenas y atentan contra los principios espirituales, culturales y políticos de los pueblos originarios.
El caso ha revivido un debate urgente en el país: la necesidad de proteger a los menores de edad en contextos de justicia especial indígena, sin permitir que se escuden actos de violencia bajo argumentos culturales. Varios líderes sociales y ciudadanos se han preguntado en redes sociales dónde está el Estado, la justicia y el Gobierno ante hechos de esta magnitud.
La comunidad nacional e internacional está a la espera de que las autoridades tomen medidas inmediatas. La vida y la dignidad de los niños no pueden ser negociables ni relativizadas bajo ninguna forma de autoridad.
Entre tanto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que la niña indígena está con vida y actualmente se encuentra bajo protección institucional.
“Estos hechos no pueden justificarse bajo ninguna práctica cultural. El maltrato infantil está prohibido por la ley”, manifestó el mandatario.
El caso, que ha causado amplia conmoción en el país, fue registrado en un video difundido el pasado 29 de mayo, en el que se observa a varios adultos sometiendo a castigo físico a una menor en la comunidad de Gito Dokabu.
Organizaciones indígenas también se han pronunciado con contundencia. La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia reiteró su rechazo a la agresión y solicitó a la comunidad emberá identificar y sancionar a los responsables, dentro del marco de sus normas internas, pero también en articulación con las autoridades estatales.
Desde diversos sectores se insiste en que los derechos de los niños no pueden relativizarse bajo ninguna circunstancia, y que es deber del Estado actuar con celeridad para garantizar su protección, sin importar el contexto cultural o geográfico en el que se encuentren.
El país sigue atento a las investigaciones y al avance de las medidas de protección en favor de la menor.
