El 2025, inició con el aumento del impuesto a los alimentos ultraprocesados en Colombia el cual alcanzó una tarifa del 20%, como parte de la Ley 2277 de 2022. Este ajuste, implementado en la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, busca desincentivar el consumo de productos con altos niveles de azúcar, grasas y sodio.
El gravamen, introducido inicialmente en 2023 con una tarifa del 10%, pasó al 15% en 2024 y ahora al 20%. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este impuesto afecta a 21 productos específicos de los 443 que se utilizan para calcular la inflación.
Entre los alimentos gravados se encuentran el chorizo, las salchichas, las galletas, el chocolate instantáneo, el yogur, entre otros.
Los productos sujetos a este impuesto deben incluir un etiquetado especial con advertencias nutricionales en forma octogonal y con fondo negro. Este etiquetado señala que el consumo excesivo de dichos alimentos podría tener implicaciones para la salud.
El cobro del impuesto recae sobre productores, industriales e importadores, aunque es previsible que su impacto se refleje en los precios al consumidor.
Alimentos básicos y seminaturales quedaron exentos del impuesto. Entre estos se incluyen el salchichón, la mortadela, las frutas, verduras, tubérculos, leche, carne, huevos, pescado y granos. También se excluyen productos como el arequipe, obleas y frutas confitadas, considerados de menor procesamiento.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público proyectó un impacto inflacionario de 0,12 puntos porcentuales (p.p.) en 2025 debido al gravamen. Este cálculo considera tanto el encarecimiento directo de los bienes gravados como los efectos indirectos relacionados con el aumento en los costos de insumos.
Según el Dane, el impuesto afecta solo al 4,7 % de los artículos de la canasta básica del Índice de Precios del Consumidor (IPC). La medida fue clasificada como de efecto único, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023, con impacto limitado a la entrada en vigor del impuesto.
La implementación y ajuste de este gravamen continuará siendo monitoreada, mientras las autoridades evalúan sus implicaciones económicas y de consumo, sobre todo en la población más vulnerable.
