Una de las situaciones más críticas que enfrenta Colombia en estos momentos gira en torno al futuro de los pasaportes, lo que ha generado preocupación entre miles de ciudadanos que temen no poder viajar al exterior ante una eventual suspensión en la expedición del documento.
Desde el pasado lunes, las sedes de la Cancillería en distintas ciudades han registrado largas filas desde tempranas horas de la mañana. Solo en Bogotá, las dos oficinas habilitadas, que operan de 7:00 a.m. a 4:00 p.m, han atendido hasta 4.600 personas al día, lo que equivale a un promedio de más de 500 turnos por hora.
La causa de la alarma se debe a que el contrato con la firma Thomas Greg & Sons, actual encargada de la producción de pasaportes, finaliza el próximo 31 de agosto. Aunque la saliente canciller, Laura Sarabia, intentó prorrogar dicho contrato, la propuesta fue frenada por Alfredo Saade, quien recibió el respaldo del presidente Gustavo Petro para avanzar en un nuevo modelo de expedición del documento.
De esta manera, a partir del 1 de septiembre, la responsabilidad de emitir pasaportes recaería sobre la Imprenta Nacional, en coordinación con la Casa de la Moneda de Portugal.
No obstante, existen serias dudas sobre la viabilidad técnica y logística de implementar este cambio. La Cancillería reconoció, a través de dos comunicaciones internas, que el nuevo sistema no está listo. En uno de los documentos, enviado a la Procuraduría, se indica que se requiere un periodo de transición que no podría surtirse antes del primero de septiembre.
Mientras la transición al nuevo modelo sigue en incertidumbre y sin un cronograma claro, los colombianos enfrentan una creciente dificultad para obtener el documento. La situación ha generado preocupación no solo por los posibles retrasos, sino por las implicaciones que esto tendría en materia de movilidad internacional.
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