Los civiles implicados en el secuestro de 57 soldados del Ejército Nacional, ocurrido en el departamento del Cauca, recuperaron su libertad menos de 48 horas después de haber sido detenidos. El hecho ha generado una fuerte controversia en círculos militares, políticos y ciudadanos que ven en esta decisión judicial un mensaje preocupante sobre el tratamiento que reciben los uniformados víctimas de delitos.
El episodio, que involucró el secuestro de más de medio centenar de militares por parte de campesinos y presuntos miembros de comunidades indígenas en la zona, al parecer manipulados por las disidencias, había sido calificado inicialmente por las autoridades como una violación grave a la libertad personal de los uniformados. Sin embargo, la decisión de liberar rápidamente a los presuntos responsables reabre el debate sobre la eficacia del sistema judicial y la forma en que el Estado defiende a sus propios agentes en terreno.
Desde distintos sectores se ha advertido que este tipo de decisiones envían un mensaje de permisividad frente a actos que afectan directamente a la Fuerza Pública. “Si se puede retener a un soldado sin consecuencias, ¿qué garantías quedan para quienes deben custodiar el orden y la seguridad en zonas complejas del país?”, cuestionan analistas y voceros militares.
La reacción también ha sido fuerte en redes sociales, donde ciudadanos expresaron su descontento ante lo que perciben como una doble moral judicial. Muchos contrastaron la rápida excarcelación de los presuntos secuestradores con las sanciones y el escarnio público que suelen recaer sobre los miembros de la Fuerza Pública cuando son señalados de cometer errores o excesos.
El silencio institucional ante la liberación de los implicados ha sido igualmente criticado. Para algunos, esto representa una validación tácita de conductas ilegales, debilitando la moral de los soldados y enviando un mensaje de impunidad a las comunidades donde el Estado ya enfrenta dificultades de autoridad.
El respeto por la labor de los militares, aseguran voceros de asociaciones castrenses, se debilita cuando no se garantiza justicia ante hechos como este. En un país donde muchas regiones aún enfrentan la presión de grupos ilegales, restarle respaldo jurídico a la Fuerza Pública puede tener consecuencias graves para el orden y la estabilidad nacional.
