La gerente general de la Imprenta Nacional de Colombia, Viviana León Herrera, emitió una alerta pública ante lo que calificó como un intento de toma de la entidad por parte del sindicato Sintraimprenal, encabezado por su presidente, Néstor Bojacá. Según la funcionaria, esta acción podría tener consecuencias graves para la estabilidad institucional del país, al comprometer la operación del Diario Oficial, órgano encargado de la publicación legal de todas las disposiciones estatales.
La denuncia surge luego de que el presidente del sindicato anunciara, el pasado 5 de junio, la posibilidad de que dicha colectividad asuma el control de la entidad. Esta decisión sería votada en una asamblea convocada para hoy sábado o mañana, cuya ubicación y hora aún deben ser confirmadas por el sindicato.
León Herrera hizo un llamado al Ministerio de Trabajo y a los medios de comunicación para que hagan presencia en la asamblea y documenten su desarrollo, con el fin de garantizar transparencia y evitar acciones que puedan salirse del marco legal. Según advirtió, de concretarse este intento de toma, se estaría frente a un hecho que atenta contra la institucionalidad en un Estado social de derecho.
La Imprenta Nacional no solo es responsable de la edición y publicación del Diario Oficial, donde se registran leyes del Congreso, decretos del Ejecutivo, autos judiciales y demás actos administrativos, sino también de la producción de documentos sensibles y de seguridad del Estado colombiano. Por tanto, cualquier alteración en su funcionamiento impactaría directamente la seguridad jurídica y administrativa del país.
Desde la gerencia se insiste en que cualquier inconformidad laboral debe canalizarse por las vías institucionales y legales correspondientes, y no a través de medidas que puedan poner en riesgo el cumplimiento de las funciones misionales de una entidad estratégica para el orden jurídico nacional.
La gerente reiteró su disposición al diálogo, pero advirtió que las medidas de presión extrema, como una toma física de la entidad, deben ser rechazadas por todos los sectores comprometidos con la legalidad y la defensa de las instituciones
