El Consejo de Estado determinó la responsabilidad de la Iglesia Pentecostal, autoridades de Tránsito y al municipio de Fundación (Magdalena) por la muerte de los 33 menores víctimas del grave incendio de un bus que se presentó el 18 de mayo de 2014.
La decisión establece la responsabilidad compartida entre la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el municipio de Fundación y las autoridades de Tránsito, determinando su obligación de indemnizar a las familias de las víctimas.
La tragedia ocurrió cuando un bus que transportaba a los menores desde una actividad religiosa organizada por un miembro de la iglesia se incendió. Según las investigaciones, el conductor del vehículo intentó encender el motor utilizando gasolina tras quedarse sin gas, provocando el fuego.
Fallo del Consejo de Estado
Es así como el falló asignó el 80% de la responsabilidad a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, mientras que el municipio y las autoridades de Tránsito de Fundación tendrán que asumir el 20% restante.
En su decisión, el tribunal destacó las irregularidades que contribuyeron al incidente:
- Uso de un vehículo que no cumplía con los estándares de seguridad, incluyendo la ausencia de SOAT y revisión técnico-mecánica.
- Falta de supervisión y medidas de protección para los menores, contrariando el principio del interés superior del niño.
- Omisión en la función de garante tanto por parte de la iglesia como de las autoridades locales.
El bus accidentado carecía de condiciones legales y mecánicas para operar, situación conocida por el feligrés que organizó el transporte. Tanto él como el conductor fueron condenados penalmente por homicidio simple con dolo en concurso homogéneo.
Héctor Campuzano, presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, expresó su desacuerdo con el fallo, aunque afirmó que acatarán la decisión judicial.
“No compartimos el fallo. Creemos que la responsabilidad recae en quienes prestaron el servicio de transporte y las autoridades que permitieron su funcionamiento sin los requisitos legales”, señaló Campuzano, quien también criticó el papel de las autoridades de Tránsito en el hecho.
El caso, que había tenido una primera condena en 2021 contra la iglesia por 36.000 millones de pesos, concluyó con este fallo definitivo del Consejo de Estado. La indemnización busca reparar a las familias de las víctimas y cerrar un capítulo que marcó la historia de Fundación.
