Este martes, la Personería Distrital de Medellín confirmó la apertura de una investigación disciplinaria contra Margarita Contreras Ospina, quien se desempeñó como gerente general encargada de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), por presuntas irregularidades en la expedición y firma de documentos contractuales durante 2024.
Según informó el Ministerio Público, la decisión se toma tras un informe presentado por el gerente entrante de la EDU, en el que se advierte la posible suscripción de adiciones y ampliaciones a los contratos 3302-320 y 3306-20 por más de 10 mil millones de pesos, sin que Contreras tuviera, al parecer, la competencia legal para hacerlo.
La actuación disciplinaria pone en evidencia una serie de prácticas que IFMNOTICIAS venía denunciando desde junio de 2023, cuando publicamos la investigación titulada “(INVESTIGACIÓN) Los ‘atornillados’ de la EDU Medellín con millones de contratos para ejecutar de vigencias futuras”.
En ese reportaje, revelamos cómo la EDU fue convertida durante la administración de Daniel Quintero Calle en una especie de «fortín político», en el que los cargos eran entregados con criterios de conveniencia más que de mérito, amparados en recursos aprobados por el Concejo de Medellín mediante vigencias futuras.
Advertimos que, mientras la entidad debía consolidar una planta de personal por concurso y carrera administrativa, funcionaba como si fuera una empresa privada, contratando personal a término fijo que debía “demostrar lealtad” para ser renovado. También alertamos sobre el cambio en el reglamento interno en junio de 2022, que permitió pasar de contratos de seis meses a vínculos laborales de dos años, una maniobra que facilitó el atornillamiento de funcionarios afines al quinterismo.
Uno de los casos mencionados entonces fue precisamente el de Margarita Contreras Ospina, quien pasó de ser subgerente en propiedad a subgerente encargada mediante un contrato nuevo como profesional líder. Este movimiento interno —según la denuncia publicada por este medio hace un año— habría tenido como fin garantizar su permanencia en la entidad, incluso con el cambio de gobierno.
La investigación de la Personería confirma que no se trataban de conjeturas. La EDU, durante la pasada administración, fue politizada, capturada y utilizada para beneficiar a un grupo específico, dejando de lado criterios técnicos y legales en decisiones estratégicas que hoy están bajo la lupa de los entes de control.
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