El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) pidió al Congreso de la República abstenerse de aprobar el Proyecto de Ley de Competencias de la Jurisdicción Agraria, al considerar que la propuesta, especialmente en su artículo 9, genera riesgos para la independencia judicial, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad privada.
En un comunicado, el Instituto señaló que la iniciativa legislativa limitaría el control judicial en varios procedimientos agrarios, eliminando una garantía esencial del debido proceso.
Según la organización, el artículo en cuestión suprime la revisión automática de decisiones relacionadas con la recuperación, reversión o revocatoria de baldíos, la caducidad administrativa y la condición resolutoria, manteniéndola únicamente cuando el afectado presenta oposición en los procesos de clarificación o deslinde de tierras.
El ICP argumentó que este cambio normativo reduciría la capacidad de los jueces para ejercer control sobre actuaciones administrativas que afectan la propiedad rural, lo que, a su juicio, podría implicar decisiones sin garantías procesales adecuadas. En su análisis, la entidad recordó que la Corte Constitucional ha determinado que los jueces son los competentes para resolver controversias sobre la propiedad, y que desconocer este precedente podría afectar la constitucionalidad del proyecto.
El ICP señaló además que la medida no cuenta con justificaciones técnicas o jurídicas que respalden la eliminación del control judicial y que la supuesta lentitud de los procesos no se soluciona mediante la supresión de instancias, sino mediante el fortalecimiento institucional. “No se corrige la ineficiencia del Estado suprimiendo la justicia”, advirtió el documento.
El Instituto también alertó sobre las posibles consecuencias económicas y sociales de la propuesta, indicando que la inseguridad jurídica en torno a la propiedad rural podría agravar los conflictos por la tierra, disminuir la inversión en el campo y afectar la confianza en el sistema legal.
Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP, afirmó que el proyecto implicaría una concentración de poder en el Ejecutivo y una reducción de la autonomía judicial. “Cuando el Ejecutivo asume el papel de juez y parte, se rompe el límite entre la administración y la justicia”, manifestó.
Chacón solicitó al Congreso ejercer su función de control político, rechazar la aprobación del artículo 9 y requerir explicaciones al Ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras sobre la implementación del Decreto Ley 902 de 2017 y la gestión de los procesos judiciales agrarios.
El Instituto reiteró que esta propuesta hace parte de una tendencia del Gobierno para reducir la participación judicial en los temas agrarios, recordando que ya se habían planteado iniciativas similares en el Plan Nacional de Desarrollo y ante la Corte Constitucional. En ese sentido, instó a los legisladores a mantener las garantías procesales que protegen el derecho de propiedad y el debido proceso en el ámbito rural.
