La Contraloría General de la República emitió una grave alerta sobre la posible afectación de más de 300.000 estudiantes colombianos debido a la desfinanciación de los subsidios a la demanda en los créditos educativos otorgados por Icetex.
Según el informe presentado por la entidad, la reducción del 33% en el presupuesto de Icetex para 2025 pone en riesgo la financiación de los créditos educativos y amenaza con dejar a miles de jóvenes sin los recursos necesarios para seguir o iniciar sus estudios superiores.
El recorte en los recursos proyectados para Icetex en 2025 asciende a más de $341.000 millones, lo que representa una disminución drástica del presupuesto, que pasaría de $1.2 billones en 2024 a solo $859.036 millones en 2025.
Esta caída impactaría especialmente las líneas de crédito administradas directamente por Icetex, que sufrirían una reducción del 47 %, lo que representa casi $443.000 millones menos, afectando gravemente la continuidad de los créditos educativos para estudiantes de todo el país.
Víctor Saavedra, director de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), señaló que solo en Bogotá, 4.000 estudiantes están esperando los recursos necesarios para poder iniciar sus estudios en el primer semestre de 2025, mientras que 20.000 más esperan la renovación de sus créditos.
A nivel nacional, más de 120.000 estudiantes se verían afectados, lo que refleja el impacto profundo que esta crisis tendría en la educación superior.
El recorte también afectaría las líneas de crédito a largo plazo subsidiadas, que son fundamentales para estudiantes de sectores vulnerables, exacerbando el riesgo de exclusión educativa para miles de jóvenes colombianos.
La situación es aún más grave en el sector salud, donde la Asociación Nacional Médica Estudiantil denunció que el 60% de los internos médicos han tenido que suspender sus rotaciones debido a la falta de pagos por parte de Icetex.
Por si fuera poco, Icetex enfrenta una deuda de alrededor de $140.000 millones con universidades privadas, lo que agrava aún más su crisis financiera. Patricia Abadía, presidenta (e) de Icetex, reconoció la magnitud de la deuda y destacó la incertidumbre generada en el sector educativo.
Ante este panorama, la Contraloría General ha instado al Gobierno Nacional a tomar medidas urgentes para asegurar una financiación adecuada para los créditos educativos y ha pedido al Congreso revisar la Ley de Financiamiento propuesta para garantizar que el presupuesto destinado a la educación superior en 2025 sea suficiente para cubrir las necesidades de los estudiantes y las instituciones educativas.
