Por medio de su cuenta de X, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), rechazó el anuncio de paro armado del Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central, EMC, en Caquetá y Putumayo por 22 días.
Así mismo, recordó que en el pasado Human Rights Watch advirtió que los grupos armados que operan en el sur de Colombia, especialmente en los departamentos de Putumayo y Caquetá, continúan ejerciendo un control intenso sobre la vida de las comunidades locales y cometiendo graves violaciones de derechos humanos, afectando con particular severidad a las poblaciones indígenas.
En el mismo orden de ideas, la Defensoría se pronunció sobre el anuncio de paro, expresando que ningún actor armado podía restringir ilegalmente la movilidad ni las libertades de la población.
Mientras indicaba que estas amenazas afectaban los derechos fundamentales, profundizaban el miedo en las comunidades e infringían gravemente el Derecho Internacional Humanitario, por lo cual, aseguraron, “nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones».
HRW explicó en su sitio web, además, que desde 2023 el gobierno colombiano ha mantenido negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan territorios de Putumayo, en la frontera con Ecuador.
Se aseguró también que, a pesar de haberse alcanzado algunos acuerdos parciales para la destrucción de armas y la sustitución de cultivos ilícitos, los Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez han seguido imponiendo su autoridad sobre las comunidades, ejerciendo coerción y cometiendo abusos.
Por lo cual, según HRW, estas estructuras armadas han asesinado líderes comunitarios, reclutado menores de edad, confinado a la población y sancionado con trabajos forzados o multas a quienes incumplen sus normas.
“Los grupos armados de Putumayo están usando las negociaciones de paz para consolidar su control sobre la población”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. “Mientras el gobierno se concentra en reducir los cultivos de coca, los grupos imponen sus propias reglas y castigan severamente a quienes las desobedecen”.
De igual forma, se expresó que entre septiembre y noviembre de 2025 HRW realizó visitas a Puerto Asís, Mocoa, Orito y La Hormiga, entrevistando a 45 personas, incluyendo líderes locales, defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y víctimas. La mayoría habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Putumayo es un territorio estratégico para la producción de coca y la minería ilegal, siendo el segundo departamento con mayor producción de hoja de coca del país, solo superado por Nariño.
Cabe recordar, como lo mencionó HRW, que el Frente Carolina Ramírez, integrante del Estado Mayor Central (EMC), opera en el oriente de Putumayo, limítrofe con Caquetá y Amazonas; estuvo en diálogos de paz entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no participa en las negociaciones, y recientemente anunció un paro armado en la región, lo que ha generado alarma entre las comunidades y autoridades locales.
Y que, a pesar de que las cifras oficiales de homicidios han bajado, los residentes de Putumayo reportaron que los grupos armados obligan a las comunidades a enterrar los cuerpos de sus víctimas para ocultar los crímenes, como lo expresó HRW.
