El representante a la Cámara, Hernán Cadavid, alzó la voz ante lo que califica como una «actitud de encubrimiento» del gobierno hacia los denominados gestores de paz.
Según Cadavid, estas personas, distribuidas en varias regiones del país, estarían involucradas en actividades delictivas, lo cual representa un «descalabro» para la seguridad nacional.
En un documento emitido con fecha de octubre de 2024, Cadavid presentó una proposición para citar a un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Este debate tiene como objetivo que el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, comparezcan y respondan sobre el alcance y el contenido de los acercamientos del gobierno con grupos armados al margen de la ley.
El Representante exige un informe detallado sobre el impacto y las implicaciones de la designación de gestores de paz, voceros de paz y facilitadores de paz, así como su rol en la seguridad y el orden público del país.
La medida también pretende esclarecer cómo estas figuras, supuestamente orientadas a construir un ambiente de reconciliación, han sido involucradas en actos que distan de sus funciones pacíficas y, en cambio, se vinculan con actividades delictivas que ponen en riesgo la seguridad de las comunidades.
Cadavid ha sido enfático en cuestionar las decisiones del gobierno al asignar estas funciones a individuos que, en su opinión, no solo no están cumpliendo con sus responsabilidades, sino que están perjudicando el ambiente de paz y legalidad que estas figuras deberían fomentar.