La Contraloría General de la República lanzó una contundente alerta sobre los graves riesgos para la seguridad energética de Colombia, advirtiendo al Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, sobre los impactos económicos derivados de una posible crisis energética.
La advertencia se basa en el reciente informe de Seguridad y Confiabilidad Energética en Colombia, en el cual se destacan los posibles efectos adversos para el país debido a la disminución de la producción de hidrocarburos y la reducción de las regalías generadas por estos recursos.
Según el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Colombia podría enfrentar una serie de amenazas que incluyen la pérdida de recursos públicos, el desabastecimiento de combustibles y una posible caída en la producción de energía.
En este escenario, se prevé un aumento de los costos de los combustibles, lo que podría generar cierres masivos de empresas, afectando gravemente la economía nacional.
El informe también subraya que la caída en la producción de hidrocarburos podría reducir significativamente los ingresos fiscales provenientes de las exportaciones de estos recursos.
Esto, a su vez, afectaría las arcas del Estado, con una eventual disminución de los recursos disponibles para financiar programas públicos. Para sobrellevar la crisis, el gobierno tendría que destinar parte de sus recursos a subsidios en servicios públicos, ante la inevitable alza de los precios debido a la importación de combustibles.
Otro de los puntos alarmantes planteados por la Contraloría es la posible falta de giros para la prestación del servicio de energía eléctrica en el país, con un déficit cercano a los 2.5 billones de pesos.
La contraloría señala que la falta de nuevos contratos de exploración y explotación en hidrocarburos y carbón podría afectar la inversión extranjera directa, limitando la capacidad de Colombia para atraer capital y sostener su sector energético.
En cuanto a los combustibles, la importación de estos productos no solo incrementaría los costos, sino que también podría generar un aumento en el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, el cual ya acumula un desfinanciamiento de alrededor de $100 billones en los últimos 15 años.
La situación descrita por la Contraloría genera serias preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema energético colombiano en los próximos años, especialmente si no se toman medidas inmediatas para asegurar la estabilidad en la producción y distribución de energía y combustibles.
Esta advertencia llega en un momento clave para la política energética del país, pues el gobierno enfrenta la compleja tarea de equilibrar sus metas ambientales y económicas. Sin una estrategia sólida para aumentar la producción de energía y minimizar la dependencia de las importaciones de combustibles, Colombia corre el riesgo de enfrentar una crisis energética que podría afectar tanto su desarrollo económico como su estabilidad social.
