El Decreto 0572 del 28 de mayo de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, ha generado una contundente reacción entre los gremios del sector energético y minero del país. La norma establece un incremento en las tarifas de autorretención en la fuente del impuesto sobre la renta, que entrará en vigor el 1 de junio. Particularmente, la tarifa aplicable a actividades como la extracción de carbón, gas natural, oro y otros metales preciosos pasará al 4,5%.
Desde la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEG, su presidente, Alejandro Castañeda, cuestionó la decisión al considerarla una medida improvisada y carente de soporte técnico estructural. Según el gremio, esta disposición afectará la liquidez del sector eléctrico y podría traducirse en mayores costos para los usuarios. Castañeda señaló que el decreto se impuso sin discusión parlamentaria ni soporte en una reforma tributaria integral.
En la misma línea, la Federación Nacional de Productores de Carbón, Fenalcarbón, representada por Carlos Cante, advirtió que la tarifa impuesta resulta desproporcionada respecto a la media de autorretención del 1,7% vigente para la mayoría de sectores económicos. El dirigente explicó que el sector carbonífero ya afronta una carga tributaria elevada, con una sobretasa adicional en el impuesto de renta que restringe su flujo de caja y limita el capital de trabajo, comprometiendo la operación de empresas formales.
La Asociación Colombiana de Minería, ACM, también se pronunció. Su presidente, Juan Camilo Nariño, manifestó preocupación por la falta de un análisis técnico profundo en la formulación del decreto. Destacó que, en el caso del carbón térmico, los costos operativos han subido más del 50% en dos años, mientras que los precios internacionales han caído más del 46%. A esto se suma el reciente impuesto al carbón aprobado mediante el Decreto 175 de 2025, lo que ha estrechado aún más los márgenes financieros.
Nariño advirtió que decisiones de este tipo pueden afectar el clima de inversión, incentivar la informalidad e impactar negativamente la generación de empleo y desarrollo en las regiones. Además, en el caso del oro, indicó que la nueva tarifa puede frenar los esfuerzos de formalización minera en un sector históricamente vulnerable a la ilegalidad.
Los gremios pidieron al Ejecutivo revisar la medida y establecer un proceso técnico que tenga en cuenta las condiciones actuales del sector productivo nacional.
