Los gremios del sector energético colombiano que hacen parte del Comité Intergremial conformado por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, Ser Colombia y ACP rechazaron contundentemente los señalamientos provenientes del Gobierno Nacional en contra de las empresas del sector, y realizaron un llamado respetuoso a atender la crisis actual con rigor técnico y atendiendo estructuralmente las necesidades de todos los usuarios del país.
“El debate debe basarse en hechos verificables y no en afirmaciones que pueden desviar la atención de los retos que enfrenta el sistema”, advirtieron las agremiaciones, que insistieron en la necesidad de proteger la institucionalidad y la estabilidad jurídica que ha permitido durante más de tres décadas el abastecimiento energético en Colombia.
Los gremios aseguran que la estabilidad del sector eléctrico colombiano se sustenta en un modelo institucional técnico y robusto con total apego a la Constitución, el cual ha garantizado el acceso a los servicios públicos a millones de ciudadanos. Sin embargo, alertan que algunas afirmaciones recientes generan desconfianza y ponen en riesgo un sistema que hoy sostiene a más de 15 millones de hogares, comercios e industrias en el país.
Uno de los puntos más sensibles para los gremios es el relacionado con las tarifas. Aseguran que estas “son legales, constitucionales y se basan en la regulación vigente”, y cuestionan lo que califican como una propuesta antitécnica: la llamada “nueva fórmula tarifaria”. Según el comunicado, esta modificación al mecanismo de confiabilidad no fue adoptada por ninguna empresa de manera voluntaria, porque “perjudica la disponibilidad de energía, la sostenibilidad económica de los proyectos y las tarifas para los usuarios, poniendo en riesgo la confiabilidad del sistema en momentos críticos”. Intervenir los mercados para cambiar las tarifas actuales por decreto —insisten— pondría en riesgo la seguridad jurídica del sector y generaría impactos económicos desproporcionados, además de desincentivar la participación de nuevos proyectos en la próxima subasta de expansión.
Los gremios también explican que los precios en bolsa de energía no representan “ganancias injustificadas”, sino que reflejan la estrechez entre oferta y demanda. Señalan que en épocas de alta disponibilidad hídrica los precios bajan y que en situaciones críticas, como la actual, tienden a subir. Este componente representa menos del 7% en la tarifa que pagan los usuarios finales, ya que en promedio solo el 20% de la demanda se compra por este mecanismo. Reiteran que la solución pasa por incentivar el ingreso de nueva oferta, eliminar barreras que frenan proyectos de generación y transmisión, y garantizar los pagos pendientes a las comercializadoras, para que puedan firmar contratos de largo plazo y financiar nuevos proyectos renovables.
Otro de los llamados clave del Comité Intergremial tiene que ver con la necesidad de respetar la institucionalidad del sector y la independencia técnica de entidades como la CREG, cuyos comisionados son servidores públicos nombrados por el Gobierno Nacional, con funciones técnicas que —según los gremios— deben estar blindadas frente a controversias políticas. “Desconocer este principio genera incertidumbre, debilita la confianza y pone en riesgo inversiones y el desarrollo de proyectos”, aseguran, al advertir que Colombia necesita al menos 1000 MW de energía firme adicional en los próximos tres años para atender la demanda y mantener el equilibrio del sistema.
Finalmente, las agremiaciones aseguran que “las empresas están garantizando el servicio”, a pesar de enfrentar señales adversas y crecientes presiones financieras. Las generadoras, transmisoras, distribuidoras y comercializadoras han sostenido el abastecimiento de energía en todo el país, en medio de condiciones difíciles que —advierten— podrían empeorar si no se toman decisiones técnicas, legales y bien fundamentadas.
