Los gremios del transporte público intermunicipal en Colombia han rechazado tajantemente la intención del Gobierno Nacional de hacer que las empresas exijan el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los pasajeros que viajen desde las terminales de transporte. Según manifestaron, esta medida sería abiertamente inconstitucional y vulneraría derechos fundamentales como la libre movilidad y la igualdad.
El pronunciamiento ha sido dirigido al Ministerio de Salud y al Ministerio de Transporte, luego de conocerse los decretos de emergencia sanitaria emitidos en respuesta a brotes de fiebre amarilla en zonas por debajo de los 1.700 metros sobre el nivel del mar. Para los gremios, imponer esta exigencia no solo representa una carga desproporcionada para las empresas y usuarios, sino que desconoce la naturaleza misma de la enfermedad, que no se transmite entre humanos ni está asociada al uso del transporte público, sino a la picadura del mosquito Aedes aegypti.
“Se trata de una medida discriminatoria que impide a unos ciudadanos movilizarse mientras a otros se les permite, sin criterios médicos o epidemiológicos válidos”, señalan en un comunicado. Además, enfatizan que las empresas de transporte no están facultadas para exigir documentación médica o sanitaria a los pasajeros, ni son autoridad sanitaria competente para implementar restricciones de esta índole.
El debate adquiere mayor dimensión si se consideran las implicaciones sociales y económicas. Una gran parte de la población que se moviliza en buses intermunicipales lo hace por razones laborales, médicas o educativas. Restringir el acceso al transporte público por no portar un certificado que no es exigido en otras actividades cotidianas agravaría la exclusión en sectores vulnerables.
Los gremios han advertido que esta disposición sienta un precedente riesgoso en el uso de emergencias sanitarias como mecanismo para limitar derechos sin sustento técnico sólido. A pesar de que apoyan las campañas de prevención y vacunación, insisten en que estas deben basarse en pedagogía, no en imposiciones que terminan penalizando a los usuarios.
Por ahora, el Gobierno no ha respondido oficialmente a las observaciones, pero se espera que en los próximos días haya reuniones entre las partes para revisar el alcance de las medidas propuestas y evitar una confrontación jurídica que podría escalar hasta la Corte Constitucional.
