Cinco asociaciones del sector de las telecomunicaciones en Colombia solicitaron al Gobierno nacional y al Congreso establecer un marco regulatorio que defina las condiciones del uso de las redes por parte de las grandes plataformas digitales.
La petición fue enviada mediante una carta dirigida al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
La solicitud fue firmada por GSMA, Andesco, Asomóvil, Asotic y Asiet. Según los gremios, el modelo actual de operación está generando desequilibrios en el ecosistema digital del país, en particular por el aumento constante del tráfico de datos y la ausencia de obligaciones para las compañías que más lo generan.
En el documento, los firmantes indican que en los últimos siete años las empresas operadoras han destinado más de 55 billones de pesos a inversiones en infraestructura de red. A pesar de esto, persisten dificultades para cerrar las brechas de conectividad, especialmente en regiones rurales.
Actualmente, la cobertura nacional de internet alcanza el 79% y para alcanzar el objetivo de una cobertura del 95%, se requerirían inversiones adicionales cercanas a los 4.500 millones de dólares, según cálculos de la GSMA. No obstante, los gremios advierten que el ingreso promedio por usuario ha disminuido en un 70 % durante la última década, mientras que el volumen de tráfico continúa en aumento.
De acuerdo con el documento, tres compañías concentran el 67% del tráfico de datos en Colombia: Meta (propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp), Alphabet (empresa matriz de Google y YouTube) y TikTok. Los gremios argumentan que estas plataformas no asumen costos por el uso de las redes ni están sujetas a las normas locales que regulan la instalación de infraestructura digital.
Los gremios proponen adoptar un modelo similar al implementado en países como Corea del Sur, donde los generadores de alto volumen de tráfico asumen parte de los costos operativos del sistema. Para tal fin, se plantea avanzar hacia una regulación que establezca responsabilidades compartidas en el sostenimiento de las redes.
En el documento también se plantea que, de no corregirse la situación actual, podría agravarse la capacidad de los operadores para continuar expandiendo y manteniendo las redes, con implicaciones directas para los usuarios que dependen de la conectividad para realizar actividades laborales, académicas y de acceso a servicios básicos.
La misiva concluye señalando que la discusión sobre el uso justo de las redes debe considerarse como un asunto que involucra no solo aspectos técnicos y financieros, sino también decisiones de carácter social y político relacionadas con el desarrollo digital del país.
