Los gremios del sector de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia solicitaron un pronunciamiento oficial de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, luego de un mensaje difundido por el presidente Gustavo Petro en la red social X en el que se refirió a los costos del servicio y a la forma como deberían ajustarse las tarifas para 2026.
En un comunicado fechado en Bogotá el 13 de enero de 2026, las organizaciones del sector señalaron que en los últimos días circuló un mensaje presidencial que insta a las asambleas de copropietarios a “tomar el IPC como base”, “rechazar” los ajustes del servicio de vigilancia privada atados al salario mínimo y en el que, además, se afirma que “cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante”.
Frente a estas afirmaciones, los gremios expresaron un rechazo unánime y advirtieron que dichas declaraciones “inducen a error porque parten de una premisa equivocada”. Según el documento, en Colombia la tarifa del servicio de vigilancia y seguridad privada “NO ES LIBRE”, sino que se encuentra regulada por un marco normativo específico y vigente.
El comunicado recuerda que la tarifa está regulada por normas como el Decreto Ley 356 de 1994, el Decreto 73 de 2002, el Decreto 4950 de 2007, el Decreto 1561 de 2022 y resoluciones posteriores, y que se expresa en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV). Por esta razón, enfatizan que la tarifa “se indexa con el salario mínimo y no con el IPC”.
Los gremios sostienen que “lo dicho en X desconoce el marco legal vigente” y califican como “jurídicamente incorrecto” plantear que la vigilancia privada deba ajustarse por inflación y no por salario mínimo. En el documento se explica que el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994 fija el estándar mínimo que debe soportar cualquier tarifa del sector, exigiendo que el precio cubra salario mínimo, horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, auxilio de transporte, prestaciones sociales, además de dotación, supervisión y otros costos operativos inherentes al servicio.
En ese contexto, los gremios advierten que contratar servicios por debajo de la tarifa mínima regulada representa un riesgo. “Contratar por debajo del mínimo no es ahorro: es riesgo”, señala el documento, en el que se aclara que una oferta inferior a la tarifa regulada “no es un ‘descuento comercial’, sino una señal de incumplimiento del estándar de costos exigido por el ordenamiento jurídico”.
El comunicado también hace referencia al Decreto 4950 de 2007, que establece que el servicio no puede prestarse por debajo de una tarifa mínima fijada en SMMLV, y al Decreto 1561 de 2022, que actualiza el esquema y ordena a la Superintendencia expedir anualmente la circular de tarifas mínimas tras el ajuste del salario mínimo. En este sentido, los gremios aseguran que promover el rechazo a dichos ajustes “no protege a nadie”, sino que “empuja el mercado hacia la ilegalidad”, facilita la evasión de obligaciones y la contratación irregular, y afecta directamente la seguridad de hogares, conjuntos residenciales y comercios.
El documento también advierte sobre las consecuencias legales tanto para las empresas como para los usuarios. Señala que el sector está vigilado y controlado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y que el incumplimiento de las directrices puede derivar en sanciones económicas, incluso en la cancelación de licencias de funcionamiento. Asimismo, indica que los usuarios que contraten servicios con empresas sin licencia o ilegales pueden ser sancionados con multas entre 20 y 40 SMMLV.
Los gremios subrayan que una asamblea de copropietarios puede definir su presupuesto, pero “no puede votar para desconocer la ley ni convertir en ‘acuerdo’ el incumplimiento de un marco regulado”. A su juicio, la vía responsable es exigir legalidad, optimización del servicio sin precarización laboral y verificar que el proveedor esté debidamente habilitado por la autoridad competente.
En el comunicado también se rechaza la afirmación de que “se gana el doble por vigilante”, al considerarla una “generalización sin sustento técnico”. El documento señala que se trata de un sector intensivo en mano de obra, que emplea cerca de 400.000 personas de manera formal, y que, en promedio, los costos laborales representan alrededor del 85 % del valor total del servicio. Además, precisa que los márgenes de utilidad en el sector “no superan el 4 %”.
Finalmente, los gremios hicieron un llamado a la “responsabilidad pública e institucional” y señalaron que el debate sobre el costo de la seguridad privada debe darse “con rigor técnico, respeto por el marco legal y el propósito de proteger el empleo formal y la seguridad de los colombianos”. En ese sentido, solicitaron formalmente a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada aclarar ante la opinión pública y los usuarios “cómo debe quedar la tarifa mínima de nuestros servicios para 2026”, con apego a la normatividad vigente.
