La Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI) envió una solicitud formal a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y al director encargado del Invías, Jhon Jairo González, para que se adopten medidas inmediatas frente al estado crítico de la infraestructura vial en el departamento.
El organismo advirtió que la situación actual en corredores estratégicos como la Ruta 45A y la Transversal del Carare ha generado afectaciones continuas y mantiene limitado el acceso entre Santander y el centro del país.
En su comunicación, la SSI señaló que la vía nacional entre Bucaramanga y el interior no cuenta con la capacidad suficiente para atender la demanda y que los recientes movimientos de coluviones en sectores como La Charca, en Oiba, y entre La Hélida y Bajo Jordán, han generado cierres recurrentes.
Según el documento, la combinación de estos factores ha producido dificultades en la movilidad, el abastecimiento y la dinámica económica del sur del departamento.
El gremio explicó que los coluviones presentes en la zona no han sido estudiados ni mapeados en detalle, lo que deriva en intervenciones frecuentes para asegurar pasos provisionales. Indicó además que, en la Transversal del Carare, existen depósitos que superan los 5 millones de metros cúbicos entre Vélez y Landázuri, lo que podría requerir una variante cercana a los 20 kilómetros para una solución definitiva.
La SSI recordó que el 28 de octubre un grupo de ingenieros acompañó a comunidades en el sector de Curití, donde habitantes levantaron talanqueras de peajes en protesta por lo que consideran un incumplimiento del Gobierno frente a obras comprometidas. De acuerdo con estimaciones de la agremiación, desde 2015 los cinco peajes ubicados sobre la Ruta 45A han recaudado aproximadamente 1,1 billones de pesos.
Aunque el Invías ha adjudicado contratos en los últimos dos años, la SSI sostiene que estas acciones no son suficientes para atender las características del corredor, que cuenta con diseños para dobles calzadas y terceros carriles entre Bucaramanga y Zipaquirá. El gremio plantea que los recursos provenientes del recaudo deberían destinarse directamente a esas obras de ampliación.
Dentro de sus propuestas, la Sociedad sugiere liberar cerca de 967.000 millones de pesos que no fueron ejecutados en el proyecto de concesión Autovía Bucaramanga – Pamplona, recursos que, según datos aportados por el representante Cristian Danilo Avendaño, podrían cubrir necesidades inmediatas sin requerir ajustes adicionales al presupuesto nacional.
Asimismo, solicitan el cierre financiero del proyecto diseñado por el consorcio E&D Chiquinquirá, contratado en 2020, que estima inversiones de 1,7 billones de pesos en dobles calzadas y otros 440.000 millones en terceros carriles entre Bucaramanga y Chiquinquirá.
La Sociedad Santandereana de Ingenieros insistió en que la situación demanda una intervención prioritaria del Invías y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en los tramos que requieren obras de emergencia. El gremio reiteró su disposición para acompañar técnicamente las decisiones que se adopten, mientras persisten los reclamos de transportadores y comunidades por las afectaciones económicas derivadas de los cierres en estos corredores.
