El conflicto entre el Gobierno Nacional y las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia ha escalado en los últimos días. La reciente advertencia del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de liquidar las EPS que no sean financieramente sostenibles ha generado una respuesta contundente por parte del gremio.
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, manifestó su preocupación ante lo que calificó como una crisis de desfinanciación del sistema de salud, agravada por la falta de reconocimiento de costos y la ausencia de giros suficientes por parte del Gobierno.
Según Vesga, la raíz del problema se encuentra en un déficit financiero que se ha acumulado con el tiempo. Explicó que para 2024 el sistema requería un incremento del 16% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pero solo se autorizó un aumento del 5,2%, más un punto adicional por inclusiones. Esto ha generado un rezago mensual cercano a los $800.000 millones, afectando directamente la prestación de servicios médicos.
Otro factor señalado es la falta de liquidación de deudas por parte del Ministerio de Salud, lo que impide que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) realice los pagos a las EPS. Esto ha profundizado la crisis financiera, afectando la sostenibilidad de los prestadores de servicios médicos.
El retraso en los pagos ha tenido un impacto significativo en clínicas, hospitales y proveedores de medicamentos. Cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) indican que la deuda con prestadores asciende a $15 billones, mientras que la deuda con la industria farmacéutica se estima en $4 billones. Como consecuencia, algunas instituciones han reducido sus servicios, afectando a los pacientes.
La falta de recursos ha generado dificultades en la adquisición de medicamentos y ha interrumpido tratamientos médicos. Vesga advirtió que esta situación está afectando a la población y dificultando el acceso a la atención en salud.
El anuncio del presidente Petro sobre la posible liquidación de EPS con dificultades financieras ha generado preocupación en el sector. Vesga señaló que la intervención y liquidación de EPS no ha mostrado mejoras en los casos previos y que la crisis podría profundizarse si se continúa con esta estrategia.
En relación con la Nueva EPS, que maneja el 61% de la población afiliada y está bajo control estatal, mencionó que no se dispone de información financiera pública sobre su gestión y que podría registrar pérdidas significativas.
Otro punto de controversia ha sido la denuncia del presidente Petro sobre un presunto acaparamiento de medicamentos por parte de la empresa Audifarma. Vesga explicó que las EPS adquieren medicamentos a través de gestores farmacéuticos con contratos específicos, lo que puede generar variaciones en la disponibilidad de ciertos productos.
Según Vesga, la interpretación del Gobierno sobre la gestión farmacéutica no refleja la realidad del modelo de compra de medicamentos y podría estar generando una lectura equivocada del problema.
En medio de la incertidumbre sobre el futuro del sistema de salud, Vesga insistió en la necesidad de soluciones institucionales. Recordó que la Corte Constitucional ha ordenado mesas técnicas para revisar la situación financiera del sistema y definir los recursos necesarios para su sostenibilidad.
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