Un explosivo informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol ha dejado al descubierto una delicada cadena de irregularidades protagonizada por funcionarios del Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en torno al manejo del disidente Willington Henao Gutiérrez, alias “el Mocho Olmedo”, señalado segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC y requerido por la justicia de Estados Unidos con fines de extradición.
El informe detalla que Henao fue trasladado en helicóptero militar desde el Catatumbo hasta Cúcuta, y posteriormente llevado a Bogotá, donde fue ocultado en un apartamento en Chapinero, bajo protección de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), una entidad que, según la ley, no tiene facultades para custodiar capturados.
Este operativo gubernamental se justificó como una medida de protección, luego de que Henao alertara sobre riesgos contra su vida en medio del conflicto entre el ELN y las disidencias de las FARC, que desde febrero de 2025 se disputan el control territorial del Catatumbo. Para facilitar su traslado y evitar su captura, el Gobierno suspendió temporalmente su orden de extradición, nombrándolo como delegado en la mesa de paz con el Frente 33.
Jorge Arturo Lemus – Director de la Dirección Nacional de Inteligencia
Sin embargo, una vez capturado por el CTI, en lugar de ser enviado al pabellón de extraditables, alias el Mocho Olmedo fue entregado a la Dirección Nacional de Inteligencia, bajo custodia directa del director de esa entidad, Jorge Arturo Lemus Montañez. Esta maniobra, según documentos revelados por Noticias Caracol, fue avalada por la fiscal general Luz Adriana Camargo.
En uno de los apartes del informe se cita textualmente:
«El señor Jorge Arturo Lemus Montañez, quien recibe al capturado, informó que por motivos de seguridad no puede dar información a los funcionarios de Policía Judicial del CTI sobre el lugar de permanencia o reclusión del señor Willington Henao Gutiérrez».
La situación fue descubierta por la Corte Suprema de Justicia, que al investigar el paradero del extraditable, recibió la respuesta oficial de que la DNI no tenía bajo su custodia a Henao, pese a haberlo recibido semanas antes. Ante esta evidente contradicción, el alto tribunal envió una comunicación formal a la fiscal general solicitando explicaciones sobre el paradero y situación jurídica del disidente.
En su respuesta, Luz Adriana Camargo admitió que la entrega del capturado a la DNI fue una solicitud del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y reconoció que nunca tuvo conocimiento de la ubicación exacta de Henao, ya que la DNI se negó a compartir esa información.
Finalmente, tras 55 días fuera del radar de las autoridades judiciales, protegido por el Estado, Henao fue nuevamente puesto a disposición del CTI y trasladado a la cárcel La Picota, donde permanece actualmente.
El caso deja una serie de interrogantes graves:
- ¿Por qué el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, dio instrucciones a la Fiscalía General de la Nación?
- ¿Con qué autoridad la Dirección Nacional de Inteligencia protegió y ocultó a un ciudadano solicitado en extradición?
- ¿Por qué la fiscal general Luz Adriana Camargo avaló un procedimiento que va en contravía de la ley?
La situación ha generado un escándalo político y judicial que podría escalar aún más, ante las posibles responsabilidades penales y disciplinarias de altos funcionarios del Estado. Mientras tanto, organismos de control y sectores de la oposición ya exigen una investigación independiente y sanciones ejemplares.
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