El Gobierno nacional defendió públicamente el decreto que fija el salario mínimo para 2026, durante una rueda de prensa realizada por los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila.
Ambos funcionarios expusieron los fundamentos técnicos y conceptuales del incremento del 23%, así como su relación con la reglamentación complementaria expedida en el marco de la emergencia económica.
Sanguino sostuvo que el ajuste salarial responde a un cambio de enfoque en la política laboral del país. Según explicó, el Gobierno adoptó como referencia el concepto de salario mínimo vital, con base en estándares constitucionales y en lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo.
En ese sentido, afirmó que la decisión introduce un punto de quiebre frente a las discusiones tradicionales sobre el salario mínimo, al vincularlo de manera más directa con las necesidades reales del trabajador y su entorno familiar.
El jefe de la cartera rechazó que el incremento sea resultado de una determinación improvisada o exclusivamente política. Indicó que la medida se apoya en fundamentos económicos distintos a los que, a su juicio, orientaron las reformas laborales de las últimas décadas.
En su exposición, señaló que políticas asociadas a la flexibilización del empleo, la tercerización y la contención salarial incidieron en el aumento de la informalidad y en el deterioro de las condiciones laborales durante los últimos 20 y 30 años.
Por su parte, el ministro de Hacienda explicó que el aumento busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores como una vía para sostener el crecimiento económico. Ávila afirmó que el Ejecutivo apunta a mantener incrementos reales superiores al 5%, lo que, según su planteamiento, solo es posible si se expande la capacidad de consumo de los hogares y se estimula la demanda agregada que sostiene la actividad productiva.
En la rueda de prensa, Sanguino comparó el salario mínimo recibido por el actual Gobierno con el nivel proyectado para 2026. Indicó que la administración entrante encontró el salario en un millón de pesos y lo entregará en dos millones, señalando que este aumento, según cifras oficiales, se ha traducido en una reducción de la pobreza por la vía de los ingresos.
El funcionario afirmó que cerca de un millón trescientos mil colombianos habrían salido de la pobreza bajo esta política, sin recurrir a programas de transferencias. El titular de Trabajo también explicó que, siguiendo de manera estricta los parámetros de la OIT, el salario mínimo vital habría requerido un incremento cercano al 28%. Sin embargo, señaló que el Gobierno optó por una estrategia gradual para cerrar esa brecha.
Según Sanguino, el aumento del 23% responde a la decisión de avanzar de forma progresiva, dejando parte del ajuste pendiente para vigencias futuras. Las declaraciones de ambos ministros se producen en medio de cuestionamientos desde distintos sectores sobre los efectos del aumento en el empleo, las finanzas públicas y las empresas.
Frente a ese escenario, el Gobierno insistió en que el decreto se enmarca en una visión económica que prioriza el ingreso laboral como eje del crecimiento y la reducción de la pobreza, y que su implementación se acompañará de medidas regulatorias dentro del actual contexto de emergencia económica.
