El Gobierno Nacional retiró oficialmente el reconocimiento de Iván Márquez como negociador de paz en los diálogos con la disidencia de las Farc, conocida como la Segunda Marquetalia.
La decisión fue adoptada mediante una resolución presidencial firmada por el presidente Gustavo Petro, en la que se argumenta que Márquez llevaba más de nueve meses sin participar en las conversaciones y mantenía un rol activo como líder del grupo armado.
De acuerdo con el documento, Márquez no ha tenido comunicación con la delegación gubernamental desde noviembre de 2024, cuando se registró su última aparición en los espacios de diálogo. La ausencia prolongada y la falta de respuestas a los canales oficiales de contacto motivaron la exclusión definitiva de su nombre de la lista de representantes autorizados. Con ello, el Gobierno deja sin efecto las prerrogativas jurídicas y logísticas que acompañaban su condición de negociador dentro del proceso de paz.
La resolución también hace referencia a su papel como jefe visible de la Segunda Marquetalia, estructura que surgió tras el Acuerdo de La Habana y que ha mantenido presencia armada en varias regiones del país.
Según el texto, la vinculación directa de Márquez con las operaciones de ese grupo es incompatible con su rol como interlocutor en un proceso de negociación formal con el Estado. La medida implica que cualquier participación o comunicación futura tendrá que tramitarse fuera del marco de los mecanismos reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Iván Márquez, cuyo nombre real es Luciano Marín Arango, fue uno de los principales firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno y las Farc. En 2019, reapareció en la clandestinidad junto a otros excomandantes para anunciar la creación de la Segunda Marquetalia, alegando incumplimientos en los compromisos del Estado con los excombatientes. Desde entonces, su paradero ha sido incierto y su participación en las negociaciones se había vuelto esporádica.
La exclusión de Márquez ocurre mientras el Gobierno revisa los avances y dificultades del proceso con esa disidencia, en medio de divisiones internas y disputas territoriales entre distintos frentes. La medida se enmarca en la política de “paz total” que busca mantener abiertas las conversaciones con los grupos que continúan en armas, pero bajo condiciones verificables de cumplimiento y participación efectiva.
