El Gobierno Nacional ha emitido una polémica directriz que restringe a los jóvenes asistentes a la Asamblea Nacional de Juventudes el ingreso de teléfonos celulares, cámaras y otros dispositivos de registro durante la presencia del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, quien también funge como Ministra de Igualdad. El Ministerio de la Igualdad exige que los asistentes firmen un documento en el que aceptan estas restricciones, justificadas, según el Gobierno, por motivos de seguridad presidencial.
En el documento, se establece que los jóvenes no podrán ingresar “celulares o cualquier elemento que permita la comunicación” durante el tiempo en que el presidente y la vicepresidenta estén presentes en el evento, una medida solicitada por la Jefatura de Protección Presidencial. Sin embargo, esta medida ha despertado un fuerte malestar y preocupación en varios sectores de la sociedad, que lo ven como un claro intento de censura y control de la información.
El recuerdo de lo ocurrido meses atrás, cuando jóvenes cuestionaron de manera contundente al presidente y a la vicepresidenta durante un encuentro similar, sigue fresco. Aquel evento se viralizó en redes sociales y puso en aprietos al gobierno, mostrando a un presidente incómodo frente a las críticas. Esta vez, la sensación es que el gobierno está tomando precauciones para evitar que se repitan esas escenas, limitando la posibilidad de grabaciones o fotografías que podrían exponer momentos incómodos para el mandatario y su equipo.
Críticos de la medida, como el senador David Luna, han alzado la voz en contra de lo que califican como un ataque a las libertades y derechos de los jóvenes. Prohibir el ingreso de celulares bajo el argumento de la seguridad presidencial es una excusa para ejercer control y censura. Lo que realmente teme el Gobierno es que se capture en video alguna situación embarazosa o que los jóvenes expresen libremente su desacuerdo, es lo que se desprende del pronunciamiento del senador.
Luna no es el único que ha expresado su preocupación. Organizaciones de jóvenes ligados a la defensa de derechos humanos y otros representantes de la juventud han calificado la decisión como un acto de censura dictatorial, que atenta contra las libertades de expresión y comunicación de los jóvenes asistentes. La Asamblea Nacional de Juventudes, que se supone es un espacio de diálogo abierto y democrático, ahora se enfrenta a la crítica de estar controlada por un gobierno que, lejos de fomentar la participación juvenil, parece querer silenciarla.
El uso de la “seguridad presidencial” como argumento ha sido cuestionado por numerosos analistas, quienes señalan que esta medida no solo limita los derechos de los asistentes, sino que sienta un peligroso precedente sobre cómo el Gobierno podría manejar futuros eventos en los que se enfrente a cuestionamientos públicos. Para muchos, esto refleja un temor latente dentro del gobierno de Gustavo Petro ante la posibilidad de ser grabado en situaciones de confrontación o en momentos donde su discurso pueda ser rebatido por la ciudadanía.
El mensaje que queda es preocupante: un gobierno que, en lugar de fomentar la transparencia y el debate abierto, opta por restringir los canales que permiten la libre expresión de los jóvenes.
