El Gobierno nacional extenderá la declaratoria de emergencia económica, una decisión que se toma cuando este 23 de enero se cumplen los primeros 30 días de vigencia del decreto expedido el pasado 22 de diciembre.
La prórroga permitirá mantener activo el marco excepcional que faculta al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley, incluidos aquellos orientados a la creación o ajuste de impuestos, mientras persisten las restricciones fiscales y la revisión del caso por parte de la Corte Constitucional.
La emergencia económica, establecida inicialmente mediante el decreto 1390, puede prolongarse hasta por un máximo de 90 días. Con la extensión, el Gobierno conservará la posibilidad de adoptar nuevas medidas encaminadas a obtener recursos adicionales, en un contexto marcado por la caída de la ley de financiamiento en el Congreso y por obligaciones financieras que, según el Ejecutivo, no admiten aplazamientos.
Hasta ahora, bajo esta figura, el Gobierno ha expedido decretos que introducen cargas tributarias a sectores como los juegos de suerte y azar en línea, los licores, el patrimonio y los hidrocarburos, además de un ajuste en las tarifas de energía.
Con estas decisiones, el Ministerio de Hacienda estima un recaudo cercano a los 12 billones de pesos, una cifra inferior a los 16 billones que se proyectaban obtener con la reforma tributaria que no prosperó en el Legislativo.
El Ejecutivo ha sustentado la declaratoria de emergencia en una serie de factores que, a su juicio, configuran una situación excepcional. Entre ellos se encuentran:
- La obligación de cumplir decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación del sistema de salud
- El deterioro del orden público y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales
- La no aprobación de proyectos de financiamiento para las vigencias fiscales de 2025 y 2026.
- Efectos de la ola invernal
- Sentencias judiciales en firme pendientes de pago
- Atrasos en subsidios de servicios públicos y combustibles
- Limitaciones derivadas de la regla fiscal y de la caja de la Tesorería General de la Nación.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que la prórroga es necesaria para atender compromisos asociados a derechos fundamentales y obligaciones judiciales. En declaraciones recientes, explicó que el Gobierno aún se encuentra dentro de los plazos legales para extender la emergencia y continuar utilizando este mecanismo como alternativa frente a la ausencia de una ley de financiamiento.
Ávila también ha indicado que la emergencia económica se ha convertido en una herramienta para asegurar ingresos en un escenario fiscal complejo. Según el Ministerio, pese a los decretos ya expedidos, persiste un faltante de recursos cercano a los 4,3 billones de pesos, lo que mantiene en estudio nuevas medidas que podrían adoptarse en el marco de la prórroga.
Además del impacto interno, el Gobierno ha advertido sobre las implicaciones de esta situación en los mercados internacionales. Desde la cartera de Hacienda se ha señalado que la falta de recursos suficientes puede incidir en el aumento de la prima de riesgo del país, encareciendo la deuda y limitando el acceso al financiamiento externo, mientras que la adopción de medidas que garanticen ingresos tiende a estabilizar esos indicadores.
Con la extensión de la emergencia económica, el Ejecutivo busca conservar margen de maniobra fiscal mientras avanza el análisis de la Corte Constitucional y se define cómo cerrar el déficit restante, en un contexto en el que las finanzas públicas continúan bajo presión.
